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La Paz [AP]. La cancillería de Bolivia rechazó el viernes declaraciones “erróneas” y “alejadas de la verdad” que realizó la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, sobre este rubro en el país. “No aceptamos ese ataque contra Bolivia, porque representa también un ataque contra la democracia por la que el pueblo se ha manifestado”, dice el comunicado.
En un informe presentado la víspera en Ginebra sobre la situación de los Derechos Humanos en el mundo, Bachelet, dijo que en el caso de Bolivia “el enjuiciamiento de docenas de exfuncionarios del gobierno y personas relacionados con la administración anterior son motivo de preocupación”.
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El Gobierno boliviano anunció en el comunicado la creación de una “Comisión de la Verdad” para impulsar “una investigación amplia y profunda” sobre “atroces violaciones” de los derechos humanos ocurridos en los casi 14 años de gestión de Evo Morales que incluyen “ejecuciones extrajudiciales”.
Tras la renuncia de Morales en noviembre pasado en medio de violentas protestas por denuncias de supuesto fraude electoral, varios exministros y otros funcionarios de la anterior administración son investigados por cargos de corrupción y sedición. Dos exministros están en prisión preventiva. Otros cuatro están refugiados en la embajada de México en La Paz y tienen orden de detención. El gobierno rechazó concederles salvoconducto para salir, lo que ha tensado las relaciones con ese país.
Desde Buenos Aires donde está asilado, Morales denunció persecución política. El exmandatario también tiene una demanda por sedición.
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El ex presidente boliviano Evo Morales, exiliado en Argentina, hace gestos antes de ofrecer una conferencia de prensa después de mantener una reunión con miembros de su partido Movimiento al Socialismo (MAS). (AFP).
/ Por otra parte, está pendiente la llegada al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigará a pedido del Gobierno boliviano las muertes durante las violentas protestas del año pasado que derivaron en la renuncia de Morales.
Según el Defensor del Pueblo, 35 personas murieron en más de 20 días de protestas, la mayoría por la intervención de las fuerzas del orden.
No obstante, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, solicitó hace unos días “apartar” a dos integrantes del grupo porque supuestamente no garantizan imparcialidad. Los observados son los argentinos Patricia Tappatá Valdez y Juan Méndez, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
Áñez es presidenta interina y asumió para encaminar nuevas elecciones y debe entregar el gobierno al ganador de las elecciones del 3 de mayo. De forma sorpresiva, la mandataria anunció su postulación a esos comicios, de los cuales Morales no participará.
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