Petrobras: Los autos de lujo del ex presidente Collor de Mello

Brasilia. La policía federal brasileña realizó hoy requisas en residencias, empresas y oficinas de ex ministros de la presidenta Dilma Rousseff, senadores, entre ellos el ex presidente Fernando Collor de Mello, y otros políticos sospechosos de nexos con el escándalo de corrupción en el ente estatal Petrobras.

La acción fue criticada por el Senado Nacional, que la catalogó de "abusiva" e "ilegal".

Según informan medios locales, fueron objeto del operativo dos residencias y algunas empresas de Collor, actual senador por el Partido Laborista Brasileño (PTB). El ex mandatario gobernó Brasil entre 1990 y 1992, cuando fue despojado del cargo por denuncias de corrupción.

También fueron requisadas las viviendas de tres políticos del derechista Partido Progresista (PP): el senador Ciro Nogueira, el diputado Eduardo da Fonte y el ex ministro de Ciudades y ex diputado Mário Negromonte; y del ex ministro de Integración Nacional y actual senador Fernando Bezerra, del Partido Socialista Brasileño (PSB).

La acción, que fue avalada por el Supremo Tribunal Federal (STF), está relacionada con procesos que tramitan en la Corte Suprema y que involucran a políticos con mandato actual, por lo que poseen fuero privilegiado.

El procurador general de la República, Rodrigo Janot, justificó el operativo: "Las medidas son necesarias para aclarar los hechos investigados en el ámbito del STF, siendo que algunas se destinan a garantizar la incautación de bienes adquiridos con posible práctica delictiva y otras a resguardar pruebas relevantes que podrían ser destruidas en caso de no ser aprehendidas".

Una de las empresas de Collor que fue requisada es la sede de la TV Gazeta, filial de la TV Globo en Maceió, capital de Alagoas, de la cual el ex presidente es uno de los principales accionistas.

Además, se le confiscaron al ex mandatario tres vehículos de lujo: un Porsche, un Ferrari y un Lamborghini.

Los autos de lujo de Fernando Collor de Mello. (Reuters)

En Río de Janeiro los operativos tuvieron lugar en la sede de la BR Distribuidora, subsidiaria de Petrobras, y en las residencias de dos directores de esa empresa, José Zonis y Luiz Cláudio Caseira Sanches.

El abogado del Senado, Alberto Cascais, acusó a la policía de "abuso de autoridad" y el jefe de la Policía Legislativa de la Cámara Alta, Pedro Araújo Carvalho, calificó el operativo de "ilegal".

En declaraciones que reproduce el portal del diario "Folha de Sao Paulo", Carvalho dijo que la policía no presentó una "orden de seguridad", un documento necesario para ingresar a edificios del Senado, entre los que se incluyen las residencias de los legisladores en Brasilia. 

"Como en cualquier lugar se tiene que presentar una orden de seguridad para que las personas que están involucradas sepan lo que está sucediendo. No presentaron nada. (Los policías) ni se identificaron (...). Lo deben hacer, es así como funciona. Nadie está por encima de la ley", afirmó el abogado.

Cascais explicó que la presentación obligatoria de la orden de seguridad a la Policía Legislativa atiende a una resolución del Senado. Sin la presentación de ese documento, añadió, el operativo se vuelve ilegal. 

La Policía Federal respondió a las críticas a través de un comunicado en el que reafirmó que el operativo fue dictado por la Corte Suprema y desmintió que no haya presentado la orden de seguridad, aunque aclaró que la Policía Legislativa no tiene legitimidad para recibir ese tipo de documento. 

Por último, la Policía Federal, que depende del ministerio de Justicia, afirmó que no está subordinada a las reglas internas del Poder Legislativo.

A través de las redes sociales, los abogados de Collor repudiaron con "vehemencia" las requisas en las casas de su cliente.

"La medida invasiva y arbitraria es flagrantemente innecesaria, considerando que los hechos investigados datan de hace por lo menos dos años, la investigación ya es conocida desde finales del año pasado y el ex presidente jamás fue siquiera llamado a brindar aclaraciones", expresa una parte del comunicado.

Por su parte, el abogado de Nogueira, Antonio Carlos de Almeida Castro, calificó como "abusivo" el operativo.

"El senador ya habló, puso a disposición de la policía (el levantamiento de) los secretos telefónico, bancario y fiscal. Vivimos en una época en que medidas invasivas se volvieron regla, no excepción. Él ya declaró", indicó.

La defensa de Bezerra dijo que el senador confía en el trabajo de las autoridades y que sigue a disposición para colaborar con las investigaciones.

Todos los políticos citados están bajo sospecha de ser cómplices en la gigantesca red que desvió millonarias sumas de la petrolera a través de fraude en licitaciones y contratos inflados.

Según denunciaron implicados en las maniobras que están presos y colaboran con las investigaciones, participaron en la trama, además de políticos, altos funcionarios del ente estatal y las principales constructoras del país.

Fuente: DPA