Lima, cada vez peor

El 18 de enero se cumplió el aniversario 490 de la fundación española de la ciudad de Lima, y la realidad de la metrópoli nacional es cada vez más desalentadora y preocupante.

El decimocuarto reporte del observatorio Lima Cómo Vamos expone claramente los principales problemas que identificamos los limeños y chalacos, destacando entre ellos la inseguridad (80,2%) y la mala calidad del transporte público (34,2%). Ambos crecen diez puntos porcentuales con relación al 2023. La gravedad del sistema de transporte es transversal, pero se agudiza en Lima Este, donde además se plantean situaciones críticas como la falta de agua potable, la baja calidad de los espacios públicos y la ausencia de una oferta de vivienda digna. Estos problemas están directamente relacionados con la falta de planificación urbana, el crecimiento informal e ilegal de la ciudad, y la ausencia de políticas públicas que ofrezcan una verdadera alternativa formal de vivienda.

Llama particularmente la atención la percepción de la pobreza, pues el 49,8% de las familias indicaron que sus ingresos no les alcanzaba para llegar a fin de mes, dos puntos por encima de las cifras del 2022, cuando pensábamos que habíamos tocado fondo por efecto de la pandemia.

La crisis de la seguridad y el transporte se expone también en otros estudios. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, el 2024 fue el año con más homicidios en la historia reciente del país, habiéndose triplicado en Lima con relación al 2017. En términos de transporte, la tendencia es similar. Según el ránking de congestión vial elaborado por la empresa Tom Tom, Lima es la ciudad donde se pierden más horas por congestión, habiendo empeorado la situación en comparación con el 2023.

¿Qué estamos haciendo tan mal? La raíz de estos problemas está asociada a la ausencia de un liderazgo claro en las políticas urbanas de la metrópoli, que se potencia con el manifiesto rechazo a la planificación de la ciudad y de la obra pública. A ello se suma la atomización de la gobernanza y de la administración de los servicios públicos en dos provincias, 50 distritos y otras instituciones, la ausencia de una política habitacional efectiva y la permanente intromisión del Ejecutivo mediante la imposición de acciones y obras sin importar la opinión de municipalidades y vecinos.

Específicamente en el tema de la seguridad, se suman a las conocidas limitaciones de la policía nacional la heterogeneidad del servicio de serenazgo, que es prestado por cada distrito sin que existan estándares metropolitanos efectivos, y las leyes que el Congreso ha aprobado para favorecer a los criminales.

El tema del transporte es similar. La pérdida de las competencias municipales en el transporte de pasajeros a favor de la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y el Callao (ATU) se complejiza por las evidentes limitaciones de esta institución para poder planificar, implementar y fiscalizar el servicio, la debilidad para sancionar el incumplimiento de la ley y las normas, y la aparente incapacidad del Estado en su conjunto para poder frenar la informalidad e ilegalidad que han copado nuestras calles.

Ante este panorama, la Municipalidad de Lima, lejos de actuar sobre estos aspectos, insiste en la construcción de 60 puentes y otras obras viales sin un adecuado marco de planificación ni de inversión. A la fecha, parte importante de los S/1.205 millones obtenidos mediante la colocación de bonos al 10,1% anual están depositados a tasas del 6,25% y del 6,05% (Ojo Público, 2024), pues no se han podido ejecutar las obras por falta de expedientes.

El 2025 será un año crítico, pues se cruzan las muy conservadoras expectativas de crecimiento del Banco Mundial, casi un punto por debajo del 2024, con la creciente inestabilidad política, el incremento del crimen organizado y la campaña para las elecciones del 2026. Exijamos a nuestros gobernantes el cumplimiento de sus responsabilidades, y sumémonos como sociedad para frenar la destrucción de nuestras ciudades y del Estado en su conjunto.