El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) enfrentará dentro de poco su peor encrucijada. Tendrá finalmente que reconocer al próximo alcalde de Lima, al cierre de un ciclo de votaciones presidenciales, parlamentarias, municipales y regionales que cuestionan profundamente su papel jurisdiccional y reclaman una reestructuración total del sistema, incluida la ONPE y el Reniec.
En el caso de que Rafael López Aliaga venciera a Francis Allison en su disputa voto a voto y resultara virtual primer regidor electo por Lima Metropolitana, se daría la figura de ser proclamado como tal por el JNE, con derecho a acceder, automáticamente, a las funciones de la alcaldía.
Que un primer regidor electo pueda convertirse legalmente en alcalde de Lima coloca sin duda la prohibición constitucional de la reelección en una condición de subordinación que debió ser oportunamente revisada. Tanto se ha llegado a esto por la habilidad de quienes, como López Aliaga, han obtenido una alta votación para justificarla, como por la laxitud irresponsable del JNE, que no supo manejar a tiempo los vacíos y trampas del sistema.
López Aliaga prefirió el domingo por la noche una conferencia de prensa a un balconazo celebratorio para poner por delante lo que realmente le preocupa: que el JNE no cuestione su alta votación, sino su postulación. “La Constitución prohíbe la reelección de un alcalde, pero no su postulación como teniente alcalde [o primer regidor]”, dijo, enfáticamente, al tiempo de advertir que si el JNE va en contra de la ley estaría incurriendo en el delito penal de prevaricato, que contempla de tres a cinco años de cárcel. En el caso de que Allison ganase la contienda, por apretada que fuese, no habrá nada que discutir, aunque los cuestionamientos al JNE mantengan el mismo nivel elevado que las demandas de cambio estructural del sistema.
Estamos ante un organismo que, tras su actuación en las elecciones presidenciales, parlamentarias, municipales y regionales, no ha hecho más que confundirse, administrativamente, con la ONPE, y jurisdiccionalmente, con la ineptitud y pérdida de autoridad del JNE que presidiera en el 2021 Jorge Salas. Incapaces, uno y otro, de hacer un control de daños sobre la naturaleza y los efectos de leyes y situaciones graves, entre ellas, precisamente, la admisibilidad de candidaturas cuestionables en el orden legal y constitucional.
No hay manera de que se garantice una intachable delegación de poder presidencial, parlamentario, municipal y regional, mediante el voto ciudadano, con una sucesión anómala de jurados nacionales electorales desprovistos de autoridad jurídica y criterios de conciencia.
Necesitamos que sobrevenga un urgente control de daños legal y constitucional efectivo del Congreso de la República sobre el sistema electoral en su conjunto, antes de que la dejadez parlamentaria y las conveniencias políticas de turno lo pasen por agua tibia. Como no puede esperarse más un control de daños del JNE sobre sus competencias, el control de daños tiene que venir, ahora sí, impostergablemente, sobre el JNE.
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