El Perú está todavía relativamente lejos del Ecuador: mientras en ese país la tasa de homicidios es de 45 por 100 mil habitantes, en el Perú es de 8,7 por 100 mil, cinco veces menor. Esa diferencia obedece a que allá tienen narco bandas muy grandes que se enfrentan entre ellas por el control de los puertos de salida de la cocaína colombiana, mientras las bandas peruanas son pequeñas, clanes familiares que proveen a los cárteles mexicanos. Allá las cárceles están tomadas por esas organizaciones, acá no (aunque aún ingresan celulares para extorsionar).
Pero de todos modos la tasa de homicidios en el Perú, que era de 5,5 por 100 mil en el 2011, ha subido a 8,7 y ello está asociado no al narcotráfico, sino al sicariato del Tren de Aragua, que se dedica principalmente a las extorsiones y la trata de personas, destruyendo la actividad de muchos peruanos. El problema nuestro es la multiplicidad de economías ilegales –narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, extorsiones, tráfico de tierras, trata de personas, etc.– imbricadas entre sí y desplegadas en cadenas de valor que incluyen el control de áreas del Estado y que operan como pez en el agua del mar de informalidad.
La vulnerabilidad nacional es, entonces, muy grande. Para reducirla hace falta no solo identificar, detener y desactivar las organizaciones criminales y las redes de extorsión, sino sanear el tejido social –integrándolo a la formalidad– y fortalecer el tejido institucional.
No solo hay que extirpar el mal. Hay que fortalecer al paciente. Lo primero requiere mucha más inteligencia e investigación policial, tecnología, equipos y cárceles. Y trabajar con las organizaciones vecinales. Se ha dado un paso positivo devolviéndole atribuciones a la policía, pero hace falta flexibilizar temporalmente el carácter garantista del código y afiatar el tejido policial-fiscal-judicial. Para eso, avanzar en el expediente judicial electrónico en lo penal y multiplicar unidades de flagrancia con carceletas incluidas es clave.
En cuanto a lo segundo, se trata de recuperar o incorporar zonas y actividades a la formalidad, al Estado legal. Ir conformando bloques de formalidad. En la selva alta, por ejemplo, epicentro de la actividad cocalera, es clave consolidar y titular la propiedad de más de 300 mil cafetaleros y cacaoteros, algo que no se podía hacer porque la ley forestal lo impedía. Ahora sí se puede gracias a una ley aprobada recientemente en el Congreso que permitirá, además, titular áreas degradadas para hacer posibles plantaciones que recuperan ecosistemas y para que los agricultores itinerantes se asienten, inviertan, reciban créditos y no sigan depredando. Las ONG de izquierda, por supuesto, se oponen.
Asimismo, incorporar a la formalidad las distintas zonas de minería informal, una por una. Comenzando por La Rinconada en Puno, que pide a gritos su formalización. Pero eso supone requisitos mucho más simples y estructuras de compra y procesamiento limpio del oro en la zona. No se puede criminalizar a 400 mil mineros no formales.
Al mismo tiempo que cortamos la salida de la droga y del oro ilegal atacando el puente aéreo que lleva la droga a Bolivia y Brasil e interviniendo las plantas procesadoras de oro que habilitan y comprar a los ilegales.
Es decir, secamos el mercado de la actividad ilegal, pero abrimos el campo de la formalidad a agricultores y mineros. Los pasamos del circuito ilegal al legal.
Y, en general, desmontamos la maraña normativa laboral y sectorial que impide el crecimiento formal de los emprendedores en las ciudades, para alejarlos de las redes ilícitas. El proyecto de ley del MEF para simplificar regímenes tributarios defecciona en ese sentido, porque ahonda el salto mortal a la formalidad.
Y, en la política, permitir el financiamiento transparente de empresas privadas a los partidos y ‘think tanks’ partidarios por impuestos, para reconstituir partidos serios y cerrar el camino al financiamiento ilegal. Amén.
Perú
