Editorial El Comercio

Finalmente, decidió a la mayoría de los congresistas que han mellado de modo severo la imagen de honestidad que le legaron a ese partido los expresidentes Fernando Belaunde y Valentín Paniagua. Se les ha retirado, en efecto, la condición de militantes a Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Elvis Vergara, Jorge Luis Flores Ancachi, Ilich López y Juan Carlos Mori. Y la razón expresada por la primera sala del tribunal de disciplina de la organización política para hacerlo es particularmente grave: “traición al partido”.

Esos seis parlamentarios, como se sabe, están implicados en el , que, según la fiscalía, consistió en un intercambio de “blindaje” por beneficios ilícitos en ministerios e instituciones del Estado entre (mientras era presidente) y ellos. Algunos están, además, y de otras conductas que podrían tener hasta sanción penal, pero en el Congreso se ha tendido a pasar sus casos por agua tibia. Acción Popular, sin embargo, no tenía que proceder del mismo modo y no lo ha hecho.

Aparte del efecto de escarmiento, la medida tiene uno práctico: los representantes a los que alcanza no podrán seguir del partido para designar a la bancada que integran. Los que , en cambio, son los que, por problemas con los mencionados, renunciaron en su momento a ese grupo parlamentario, pero no a su militancia, como Silvia Monteza, Maricarmen Alva y otros más. Una vez que la resolución del tribunal de disciplina llegue a manos del presidente del Legislativo, , dependerá de él convocar al consejo directivo para evaluar el caso y resolver lo que corresponda.

Entretanto, los expulsados no se piensan quedar de brazos cruzados. El congresista , hasta ahora vocero de la bancada que ostenta el nombre partidario, ha anunciado que ni él ni sus colegas Flores Ancachi, Doroteo y Vergara acatarán la decisión (López y Mori habían renunciado ya anteriormente a la bancada), pues, según él, esta ha sido adoptada sin respetar el debido proceso. Esto puesto que no se han tomado en cuenta sus descargos y que el tribunal que ha dictado la sanción no está inscrito en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP). El secretario general de Acción Popular, Edmundo del Águila, ha respondido a esos cuestionamientos argumentando, por un lado, que los parlamentarios sancionados fueron convocados para ofrecer sus descargos y no asistieron a la cita, y que, en un proceso sumarísimo como el suyo, no caben las reprogramaciones, y, por el otro, que el tribunal aludido no necesita estar registrado en el ROP, porque ve materias disciplinarias internas.

La discusión, en consecuencia, tiene todavía para un tiempo más, pero Acción Popular, por lo que parece, decidió curarse en salud. Es decir, comunicarle a la opinión pública que, más allá del desenlace legal que este episodio pueda tener, ellos no se sienten representados por este ramillete de legisladores de alarmante trayectoria. Como indicábamos al principio, a falta de gestiones de gobierno exitosas, Fernando Belaunde le dejó a su partido una reputación de honradez en el manejo de la cosa pública, que luego Valentín Paniagua se encargó de confirmar. Y si las últimas bancadas del partido de la lampa ya venían haciendo esfuerzos por echar a perder ese capital político, la actual ha lucido en estos años sencillamente determinada a dilapidarlo.

Nos debe todavía el acciopopulismo una explicación de cómo llegaron estos personajes a ser elegidos por sus bases y avalados por la institución partidaria para presentarse al Congreso, pero por lo pronto ha hecho un primer gesto de control de daños que hay que saludar. De nada servirá, no obstante, está demorada muestra de reflejos, si en la próxima elección interna termina apoderándose otra vez de la etiqueta y el nombre de la organización una pandilla de ventajistas cuya única consigna es aprovecharse del poder sin miramientos.

Editorial de El Comercio

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