Betssy Chávez no es ni ha sido nunca una perseguida política. Es una golpista procesada por el delito de rebelión, que estaba a punto de recibir una sentencia. Cumplió un rol activo en el fallido intento de Pedro Castillo de tomar por asalto el Congreso y otras instituciones del Estado. Por este delito contra la democracia, la fiscalía había solicitado 25 años de prisión en su contra.
El asilo concedido por el Gobierno de México, presidido por Claudia Sheinbaum, no es en modo alguno un acto humanitario. Es una alevosa obstrucción a la justicia peruana que merece la condena unánime de la comunidad internacional. Es una burla flagrante al sistema judicial de nuestro país. Es tender una mano cómplice a alguien que estaba por ser condenada por un grave delito. Sheinbaum ha convertido a su gobierno en el secuaz transnacional de una banda de golpistas.
El canciller Hugo de Zela, quien dio a conocer la noticia, consideró el hecho como un “acto inamistoso” y anunció la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas con México. También recordó que el país del norte “pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos” del 7 de diciembre del 2022. No olvidemos que el antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los grandes difusores internacionales de una narrativa fantasiosa en torno al golpe castillista.
Más allá de esta rápida reacción, la cancillería peruana debe ir evaluando todas las opciones para denegarle el salvoconducto que le permitiría abandonar el país, siempre dentro de las reglas y el respeto por los tratados internacionales. El asilo de Chávez sienta un precedente peligroso en la región: otros gobiernos podrían copiar el mal ejemplo mexicano y convertir el asilo humanitario en un mecanismo de rescate de aliados ideológicos con problemas con la justicia.
En realidad, la fuga de Chávez, camuflada como asilo diplomático, se veía venir desde hace tiempo. Lo que no pudo concretar el día del golpe de Estado –cuando ordenó a su chofer que la llevara a la sede diplomática mexicana tras la detención de Castillo– lo consumó ayer. Su sospechosa ausencia en las tres últimas audiencias de su juicio oral debió haber activado todas las alertas en la policía y el Ministerio Público. Al igual que en casos previos, no se adoptaron acciones preventivas y hoy tenemos a una nueva procesada por delitos graves burlándose de la justicia.
Tampoco olvidemos que el Tribunal Constitucional dispuso en setiembre la liberación de Chávez debido a que la fiscalía presentó un pedido tardío para ampliar su prisión preventiva. La negligencia del Ministerio Público y el Poder Judicial en este caso es evidente y no debe ser pasada por alto.
Si Betssy Chávez logra salir del país y evadir la condena que se merece, se sentará un nuevo precedente nefasto para la justicia en el Perú y Sheinbaum pasará a la historia como artífice de un capítulo oscuro y vergonzoso para la diplomacia mexicana.
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