En un Congreso como el actual, no se podía tampoco esperar una despedida con broche de oro. Hubiera sido impropio. Por eso, los parlamentarios del período 2021-2026, en sumo afán de consistencia, decidieron, con 79 votos a favor, nombrar a José Jerí (Somos Perú) como el último presidente del Legislativo unicameral. Lo acompañan en la Mesa Directiva Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) e Ilich López (Acción Popular).
Jerí, como se recuerda, enfrenta una denuncia por violación sexual desde diciembre del año pasado, junto con el empresario Marco Antonio Cardoza. La Comisión de Ética del Congreso, previsiblemente, la archivó. Pero el caso avanza en la Fiscalía Suprema de Familia. Fuentes cercanas al parlamentario aseguran que las investigaciones continuarían solo en contra de Cardoza, y eso habría sido suficiente para limpiar las conciencias de sus colegas y otorgarle la votación necesaria. Sin embargo, otras fuentes de este Diario han ratificado que la investigación contra ambos sigue vigente. En febrero de este año, además, este Diario reportó que el valor del patrimonio del congresista había pasado de S/96.644 en el 2021, cuando asumió el cargo, a más de S/1 millón ahora. Se trata, pues, de un verdadero representante del Parlamento. Del rosario de acusaciones contra su colega directivo, Cerrón, nos hemos pronunciado con amplitud antes.
¿Qué agenda pendiente tiene la mesa de Jerí en este último año? Uno de los temas gruesos para la imagen congresal es frenar el uso de las posiciones en el Legislativo como agencia de empleos. Esta práctica ha sido especialmente extendida con Alianza para el Progreso (APP) en la dirección; ahora tiene oportunidad el Congreso de rectificar.
Entrando además en un período electoral, hay dos llamados especiales a la responsabilidad. El primero es evitar que los viajes proselitistas de los congresistas que desean verse reelegidos se financien a costa del presupuesto público. De esas se han visto demasiadas en los últimos años. El segundo es impedir el avance de aquellas normas que buscan cosechar votos a costa de comprometer las finanzas del Estado –aumentando los sueldos públicos a diestra y siniestra, por ejemplo–, o deteriorar la institucionalidad económica –como el impulso al octavo retiro de fondos de las AFP–.
Dos asuntos que no pueden esperar son la regulación de la minería informal –que posiblemente será la principal papa caliente de esta Mesa Directiva en los próximos meses– y la reglamentación de las futuras cámaras parlamentarias. El país está entrando pronto a una elección de diputados y senadores, pero aún no sabe exactamente cómo operarán. Es una irresponsabilidad mayúscula haberlo dejado para último momento.
No son pocas, pues, las tareas que le tocan a este último Congreso. Las expectativas sobre su gestión no son demasiadas, pero la valla por superar está bastante baja.
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