Unas 260 niñas convivientes se convierten en madres cada año

Su historia no es un hecho aislado. Un análisis del Observatorio de Nacido Vivo del Ministerio de Salud (Minsa)muestra que el Estado registra los partos de niñas convivientes como si se tratara de cualquier otro nacimiento. Detrás de esas cifras existen niñas que, como Rosa, han perdido su infancia en medio del silencio y la falta de protección.

Entre 2012 y 2025, el Minsa registró más de 4.000 partos de niñas convivientes en todo el país, incluidas menores de 12 años. En promedio, 260 niñas se convierten cada año en madres mientras viven con una pareja, que en varios casos son mayores que ellas. Los registros más altos se concentran en Lima Metropolitana (1.734 casos), La Libertad (335) y Loreto (295).

Esta problemática alcanzó su punto más crítico durante la pandemia: en 2020 se contabilizaron 357 partos de niñas convivientes, y en 2021 la cifra subió a 366. Aunque desde entonces los números bajaron, el patrón se mantiene estable y revela una realidad persistente y normalizada.

Pese a que en el Perú existe una ley que prohíbe el matrimonio infantil, esta norma no contempla la convivencia con menores de edad. Este vacío legal permite que relaciones de evidente desigualdad sean toleradas socialmente. El agresor deja de ser denunciado y pasa a ser reconocido como “pareja”, mientras el Estado sigue registrando los nacimientos sin activar mecanismos de protección.

Desde el Minsa explican que los sistemas de registro agrupan los nacimientos por edad y no por condición civil. “Desde el punto de vista obstétrico se prioriza el embarazo y el parto, no el tipo de relación de la madre”, señalaron al ser consultados. No obstante, aclaran que cuando una menor de 14 años queda embarazada, el hecho “se considera producto de violencia sexual” y debe notificarse a las autoridades competentes. El ministerio también menciona la existencia de normativas como el Código Violeta, que busca coordinar la atención de casos de violencia sexual entre los servicios de salud y el Ministerio de la Mujer.

Para Melissa Bustamante, oficial de programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las uniones tempranas y los matrimonios infantiles son “formas de violencia de género y prácticas nocivas que afectan los derechos humanos de las niñas y adolescentes”. Explica que estas situaciones aumentan la vulnerabilidad frente a la violencia sexual y el abandono escolar. “Una niña embarazada que deja la escuela tiene su proyecto de vida truncado y queda atrapada en el círculo de pobreza”, advierte.

Bustamante agrega que la clave está en prevenir y transformar las normas sociales que legitiman la violencia, especialmente en comunidades donde la convivencia se presenta como una “solución” frente a un embarazo. El UNFPA trabaja con gobiernos regionales y locales para promover ordenanzas y planes de acción que reconozcan las uniones tempranas como una forma de violencia y garanticen espacios seguros y educativos para las niñas.

Mientras tanto, los partos de niñas convivientes siguen apareciendo en las estadísticas del Minsa sin una nota al pie o sin una alerta. Son solo números en una base de datos que no distingue la infancia interrumpida detrás de cada registro. Rosa, como muchas otras, no figura en los informes ni en las políticas públicas del Estado. Solo figura en una línea estadística que la denomina como “madre conviviente, 12 años”.