El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, rechazó el informe presentado por Amnistía Internacional donde se pide al Ministerio Público investigar presuntas autorías mediatas de parte de autoridades como Dina Boluarte en las muertes durante las protestas de diciembre del 2022 y marzo del 2023.
“El Estado no responde a las ONG. El Estado se relaciona directamente con organismos internacionales con reconocimiento con los que tiene por supuesto convenios. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, expresó este jueves en la tarde.
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Horas antes, en una conferencia de prensa, Amnistía Internacional dijo que se debía investigar a nivel del Ministerio Público a los altos mandos militares y policiales por las muertes durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte luego del golpe de Estado de Pedro Castillo.
“La presidenta [Dina Boluarte], los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Esta versión, para Gustavo Adrianzén, demuestra que hay un “sesgo político” en los informes que buscan involucrar a la jefa de Estado en las órdenes para reprimir las manifestaciones de aquellos meses.
“La ONG en cuestión que ha presentado hoy un informe no hace sino ratificar a través de este el sesgo político con el que fue elaborado el informe del año pasado, donde se habló de ‘racismo letal’. Nosotros rechazamos rotundamente cada uno de los apartados de ese informe, los negamos en principio y por supuesto cuando de manera indebida y absolutamente inconsecuente se le pretende atribuir a la presidenta de la República una responsabilidad mediata en los lamentables hechos ocurridos en las protestas”, manifestó el primer ministro.
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Adrianzén concluyó su respuesta asegurando que el Ejecutivo se solidariza con los deudos de los fallecidos. “No aceptamos que se siga instrumentalizando esos hechos con fines políticos, cuando no económicos”, replicó.
