Amnistía Internacional (AI) pidió al Ministerio Público investigar a los altos mandos militares y policiales por las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte registradas entre diciembre de 2022 a inicios de 2023, puesto que, según su informe presentado este jueves, hubo órdenes “letales” contra los manifestantes.
“La presidenta [Dina Boluarte], los ministros, los comandantes de la policía y las fuerzas armadas de Perú tomaron decisiones que finalmente tuvieron consecuencias letales. Cientos de víctimas y sobrevivientes están esperando respuestas sobre lo que los altos funcionarios sabían, o deberían haber sabido, y lo que no hicieron para detener los asesinatos”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La organización analizó planes de mando policiales y militares de los tres meses que duraron las protestas donde indican que hubo un constante “terruqueo”, es decir que los manifestantes eran expresamente etiquetados como “fuerzas adversas” y “grupos hostiles”, aunque hasta el día de hoy no se hayan presentado pruebas que les relacionen con terroristas.
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Este hecho, por ejemplo, habría provocado “una respuesta combativa de los soldados” en la operación del 15 de diciembre de 2022 en la localidad sureña de Ayacucho, que se saldó con diez muertes y decenas de personas heridas.
“Encontramos en Ayacucho registros escritos con órdenes verbales de mandos del Ejército que provocaron que se dispararan más de 1.200 balas en un solo día”, afirmó la investigadora para América del Sur de AI Américas, Madeleine Penman, en la presentación del informe.
Añadió que hubo una decisión consciente de la Policía Nacional de Perú (PNP) de mandar a las regiones a fuerzas élites de combate, entrenadas para el uso de armas letales, que “permitieron el uso de la fuerza letal y repitieron estas mismas órdenes durante meses, a pesar de los múltiples asesinatos”.
“La Policía recibía órdenes vagas y de amplio alcance, como ‘eliminar barreras humanas’. Con este fin, la Policía fue provista con fusiles y los planes permitían que las unidades con esas armas letales dispararan bajo las órdenes de un jefe operativo”, agregó el informe.
AI señaló que las investigaciones fiscales, pese a prestar ciertos avances, no están estudiando a los altos mandos, y advirtió que se corre el riesgo de que estos no sean juzgados y solamente lo sean los soldados o cargos medios.
“Los fiscales han logrado algunos avances en la identificación de varios policías y militares como sospechosos en investigaciones penales, pero siguen pasando por alto a funcionarios clave de la cadena de mando, especialmente a altos mandos específicos de la PNP”, señaló el informe al indicar que tanto la Policía como el Ejército son instituciones “altamente jerarquizadas en las que existe una cadena de mando explícita”.
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Además, destacó que después de supervisar y firmar todos los planes operativos que tuvieron consecuencias letales durante las protestas, la presidenta Dina Boluarte ascendió al general policial responsable de estos planes a Comandante General de la PNP.
“Este marco permisivo para la fuerza letal violó, tanto la legislación peruana como el derecho internacional de los derechos humanos, que señalan que las armas de fuego son inapropiadas para el control de multitudes. Los planes operativos también dejaban claro que los superiores de la cadena de mando estaban constantemente informados y al tanto de lo que estaba sucediendo”, afirmó.
Yovana Mendoza Huarancca, presidenta de la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de diciembre y hermana de uno de los fallecidos, relató en la presentación de AI que su familiar ni participaba en la protesta de Ayacucho cuando soldados lo asesinaron.
“Los soldados no dispararon porque les dio la gana, recibieron órdenes y la presidenta pudo haber frenado todo esto, no le ha interesado, no le importó que sigan matando”, se lamentó Mendoza.
(Con información de EFE)
