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:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/5f71beb8-bb6d-4743-9ed2-fc9ea6159daa.jpg "Redacción EC")
Ante los insistentes pedidos de legisladores de distintas bancadas, el pleno del Congreso se alista a debatir el dictamen que impide que los condenados por asesinato y otros delitos puedan postular a cargos de elección popular. Se trata una de las reformas constitucionales más importantes con miras a las elecciones generales que había estado congelada por falta de voluntad política.
El texto se encontraba en cuarto intermedio (pausa) desde diciembre del 2023, cuando se inició el debate en el pleno. El martes, la Junta de Portavoces recién acordó incluirlo en la agenda de los temas que se debatirán esta semana antes que concluya la legislatura este 15.
Tal como lo adelantó El Comercio, de aprobarse ese dictamen cerraría el paso a una eventual postulación de Antauro Humala, quien purgó cárcel por homicidio, secuestro agravado y rebelión por el “Andahuaylazo” en el 2005.
Por tratarse de una reforma constitucional requiere de una votación especial: 87 legisladores en dos legislaturas consecutivas o 66 votos por referéndum.
El dictamen de ley -que garantiza la idoneidad para el ejercicio de la función pública- plantea que los sentenciados por terrorismo, narcotráfico, violación sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, traición a la patria y por delitos contra los poderes del Estado y el orden constitucional, estén impedidos de postular a cargos de elección popular por 10 años después de haber sido rehabilitados.
"Artículo 34-A. "En el caso de las personas condenadas a pena privativa de la libertad, efectiva o suspendida, con sentencia consentida o ejecutoriada en calidad de autoras, cómplices o instigadoras por (...) terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional y traición a la patria, contra los poderes del Estado y el orden constitucional; el impedimento resulta aplicable hasta diez años después de haber sido rehabilitadas".
Este es el largo camino que ha seguido la propuesta que fue aprobada por la Comisión de Constitución en marzo de 2023, hace más de un año.
El 6 de junio del 2023 fue incluido en la agenda de la sesión plenaria y dos meses después, el 29 de agosto, fue pasado a la orden del día del pleno.
El 15 de diciembre del 2023 se inició el debate, pero ante la falta de consenso por los delitos que debía contemplar el texto pasó a un “cuarto intermedio” (pausa) hasta ahora.
