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La congresista Magaly Ruíz también fue blindada por la Comisión de Ética por el mismo caso. Foto: Congreso
El informe final de la denuncia contra la congresista Magaly Ruíz (Alianza para el Progreso) ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso por recortar el sueldo a un trabajador parlamentario propone que el caso se archive.
La subcomisión dio cuenta de la presentación del documento este martes y comunicó que su debate y votación “se programará en una próxima sesión”.
El informe - al que accedió El Comercio - fue elaborado por la congresista Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial, bancada que tiene en sus filas a otro congresista denunciado por ‘mochasueldo’: Edgar Tello Montes.
La denuncia contra Ruíz la señalaba responsable de infracción constitucional y el presunto delito de concusión. Esta fue presentada por el ciudadano José Luis Briones y respaldada por la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú).
Señala "hechos no acreditados"
En el documento se desvirtúa la acusación que realizó el ex trabajador parlamentario Carlos Marina, quien reveló que pagó S/ 1.500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia - que presidió Ruíz - desde febrero del 2022.
De acuerdo con una investigación de “Punto Final” difundida en marzo del 2023, el exfuncionario Johnny Romero- quien fue asesor principal de Ruíz- se encargó del recorte de sueldo de Marina con el argumento de que la congresista estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos en la campaña de las elecciones generales del 2021.
El informe señala como “hechos no acreditados” las acusaciones de Marina, pese a que chats y vouchers sustentan la acusación. Por ello, plantea que se archive la denuncia constitucional.
No obstante, la denuncia de Marina se condice con el testimonio de otra exfuncionaria del Congreso. Esta relató a la fiscalía que Romero le exigió entregar parte de su sueldo para favorecer ilegalmente a la parlamentaria.
Ruíz ya fue blindada por la Comisión de Ética Parlamentaria por el mismo caso en junio pasado. Aquella vez, solo aprobó sancionarla con una amonestación escrita pública y una multa equivalente a 30 días de remuneración.
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