Enrique Cornejo (Foto: Anthony Niño de Guzmán ( GEC)
Enrique Cornejo (Foto: Anthony Niño de Guzmán ( GEC)
Redacción EC

La fiscalía sustentó el pedido de 36 meses de prisión preventiva para Enrique Cornejo, ministro de Transportes y Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García, por el Caso Odebrecht.

La solicitud es parte de la investigación del despacho del fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, sobre las normas que permitieron que Odebrecht obtuviera la licitación de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del metro de Lima. La firma brasileña hizo esas obras en consorcio con Graña y Montero.

La sustentación del requerimiento estuvo a cargo de la fiscal adjunta Meryl Huamán Altamirano, quien sostuvo que Cornejo se habría coludido con representantes de Odebrecht para que le otorgaran la buena pro del proyecto mencionado.

También señaló que Enrique Cornejo “habría determinado, en organización criminal, la modificación del marco legal previo establecido” para que pueda prepararse, gestionarse y ejecutarse el proyecto. Esto a través de la emisión de varios decretos.

Asimismo, la fiscal indicó que, en el segundo semestre del 2010, Cornejo habría recibido US$15.000 a través de Carlos Nostre, ex director de contratos de Odebrecht, y dos televisores (cada uno valorizado en unos S/8.000). “Esto por haber favorecido a Odebrecht en sus objetivos para la construcción de la línea 1 del metro de Lima”, dijo.

En la audiencia, Huamán también leyó la declaración de un colaborador eficaz del Ministerio Público, quien mencionó reuniones entre Cornejo y Alan García en el 2009, en las que el entonces presidente indicó que la obra debía culminarse en 18 meses como máximo; es decir, antes de que culminara su gobierno, tal como ocurrió.

La fiscalía investiga a Cornejo por los delitos de colusión, cohecho y lavado de activos.

En la audiencia, Mateo Castañeda, abogado del ex ministro, afirmó que Jorge Barata ha declarado que no le entregó dinero a su defendido. Dijo que fue una decisión política el que la obra se hiciera en 18 meses.

Poco después de las 11:00 p.m., el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena, del Segundo Juzgado de la Corte Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, suspendió la audiencia. Lo hizo luego de que la fiscalía y la defensa hicieran sus respectivas réplica y dúplica.

El juez Sánchez reanudará la audiencia este jueves a las 11:00 a.m. 

—Los otros investigados—
El magistrado también debe resolver los pedidos de prisión preventiva para Oswaldo Plasencia, Jorge Luis Menacho y Raúl Torres Trujillo, funcionarios del segundo gobierno aprista que son investigados por el caso.

El martes 30, Sánchez dictó 36 meses de cárcel preventiva para Luis Nava, secretario general de la Presidencia de la República durante el segundo gobierno de Alan García, y arresto domiciliario para Miguel Atala, vicepresidente de Petro-Perú en el mismo régimen.