“Es preocupante la falta de fundamentación [en los procesos disciplinarios contra fiscales]”

- ¿Los fiscales, como operadores de justicia, tienen derecho a la libertad de expresión?

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Sí. La respuesta sencilla es que sí. Por el hecho de ejercer la magistratura, tanto en el Ministerio Público como el Poder Judicial, no se restringe el derecho a la libertad de expresión. Por supuesto, este derecho no es absoluto y hay que ponderarlo debidamente con limitaciones necesarias que tienen que ver con garantizar la función y los derechos de las personas que acuden a la justicia o que son procesadas. Hay una posibilidad de establecer limitaciones a través de sanciones que deben estar disciplinadas y cumplir con requisitos de limitaciones a libertad de expresión, estar claramente definidas, ser necesarias y proporcionales. Hay que moverse en esos parámetros.

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"Muchas veces, este tipo de instrucciones o procesos que se abren contra fiscales va a generar un casi inmediato efecto de silencio en otros colegas"

- ¿Es importante que un fiscal, sobre todo cuando tiene casos ligados a la función pública, pueda declarar a la prensa e informar sobre su trabajo?

Sí, es importante que haya una justicia abierta, que explique a la ciudadanía los casos que son de alto interés público, donde están en juego elementos fundamentales de la democracia, derechos humanos, el funcionamiento democrático. Lo ato con la respuesta anterior: que pueda haber alguna limitación no quiere decir anular el derecho a la libertad de expresión. En algunas circunstancias, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho, en casos concretos de jueces, que hasta tienen el deber de explicar algunas situaciones de interés público, como cuando está en riesgo en la democracia. El principio general debe ser que los fiscales puedan explicar los casos, responder a la prensa, respetando las etapas del proceso.

- Con esto en mente, ¿cómo toma la noticia de que en el Perú se están abriendo procesos disciplinarios, que amenazan con suspender a fiscales de casos emblemáticos, por declaraciones dadas a la prensa?

Personalmente, me parece preocupante esta falta de fundamentación suficiente. He leído las decisiones del órgano de control de la fiscalía. Las encuentro amplias y ambiguas, no se ve fundamento estricto o suficiente. Más allá de que uno puede opinar sobre que le gusta el estilo, hacer declaraciones a la prensa o no ser respetuoso con el Poder Judicial parecen figuras o tipificaciones amplias y ambiguas de procesos que se pueden tornar arbitrarios y pueden tener un efecto silenciador o de persecución. Aparte, la proporcionalidad es fundamental en el poder disciplinario. De lo que he visto, a priori, no parece ser el caso de que califique como falta grave. Son explicaciones, alguna crítica. Como todos sabemos, la libertad de expresión garantiza, sobre temas de interés público, la crítica. Incluso las opiniones no son susceptibles de juicios de veracidad, siempre y cuando no vulneren los derechos procesados.

- ¿Un fiscal de la Nación debe dar las condiciones para que los fiscales a cargo de los casos emblemáticos tengan la libertad de hablar a la prensa o pueden prohibir declaraciones a la prensa?

En general, los fiscales tienen independencia técnica. Obviamente, los fiscales generales [fiscal de la Nación en Perú] pueden establecer instrucciones y demás, de política criminal general, pero aquí estamos hablando de transparencia, que debe ser un criterio general del funcionamiento del estado democrático. Veo difícil o complicado que no se vulnere este principio si las instrucciones del fiscal general son que no se hable con la prensa, ni que hablar cuando estamos vinculados a un proceso penal. Un proceso penal inquisitivo y secreto es la fuente de toda arbitrariedad. Habría que analizar toda instrucción concreta, pero como consideración general, la publicidad debe ser la regla. De hecho, en los Ministerios Públicos de España, de países de América Latina, incluso en Estados Unidos, conozco instrucciones más bien al contrario: cómo abrirse al escrutinio, cómo rendir cuentas, cómo explicar sobre los juicios. Obviamente, hay un deber de prudencia, una obligación de aportar información veraz y un deber de cuidado al expresarse.

- Lo que puede pasar a partir de estos casos, como el de los procesos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, es que otros fiscales se nieguen a declarar o dar explicaciones a la prensa por temar a que también los sancionen en el futuro…

Claro, es lo que se llama el ‘chilling effect’ o un efecto silenciador más general. Históricamente, en América Latina, nuestros operadores de justicia han estado sometidos a formas de censura o de amenaza de parte del poder administrativo. Muchas veces, este tipo de instrucciones o procesos que se abren contra fiscales va a generar un casi inmediato efecto de silencio en otros colegas.

- Al fiscal Pérez se le abrió una investigación por una entrevista donde se refirió a la fiscal de la Nación y al jefe del órgano de control del Ministerio Público. ¿Un fiscal puede también ejercer su derecho de crítica a autoridades de su propia institución?

En el Perú se observa un nivel de polarización que es muy complicado de evadir. Cuando se llegan a estos niveles de procesos cruzados, del Congreso amenazando a la Junta Nacional de Justicia, un Ministerio Público con divergencias, es un contexto complicado. No quiero opinar del caso concreto sin estar ahí, pero lo que no puede haber es un congelamiento del debate sobre la actuación de la justicia y del Ministerio Público […] Las autoridades judiciales también están sometidas a la crítica y escrutinio. Por lo tanto, como principio general, sí [se puede ejercer ese derecho de crítica]. Ahora, hay que ver la intensidad, el contexto, la forma, porque también hay un principio de jerarquía y de funcionamiento integral del sistema.

- En todo caso, ¿la jefatura del Ministerio Público debería promover que los fiscales sean más bien abiertos a declarar y dar explicaciones a la prensa?

Desde fines de este siglo, los países de América Latina han adoptado un sistema acusatorio y uno de sus principios es la publicidad, el contacto con la prensa. No hay duda de eso. El Ministerio Público y cada fiscal tiene que explicar las decisiones que toma, tiene que estar abierto al control y al diálogo con lo prensa. La prensa es el principal vehículo para informar sobre casos de elevado interés público.

"Hay intentos permanentes del Congreso por legislar para restringir la libertad de expresión, eso es muy grave"

- La CIDH ha dictado medidas cautelares a favor del fiscal Pérez y las ha ampliado al fiscal Vela ante esta suspensión en primera instancia, sobre la que han manifestado su preocupación. ¿Cómo deben tomar las autoridades de la fiscalía estos pronunciamientos?

Lo tienen que tomar en cuenta. De alguna manera, todos los poderes del Estado están obligados a cumplir con las disposiciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Puedo decir con propiedad, porque fui parte de la CIDH, que es muy rigurosa al constatar los requisitos para otorgar medidas cautelares a una persona por su función. No es un comunicado, es una decisión adoptada por la CIDH luego de ser muy estudiada y con los requisitos acreditados. Si la comisión otorgó las medidas y ahora las reitera y las amplía, es un mandato claro que debe cumplir el Estado y las autoridades involucradas en estos procesos disciplinarios. Claramente, es un llamado de atención. Y no es solo la protección de la libertad de expresión, sino que, en este caso, es instrumental a la tarea de investigación de corrupción que desarrollan estas fiscalías. En Perú, con tantas altas autoridades procesadas por hechos de corrupción, harían un flaco favor las instituciones al dejar dudas de que se persigue a quienes investigan estos casos.

- Este año, el Perú cayó en su nivel de libertad de expresión y de prensa, según el índice de Chapultepec. ¿Cómo afecta a una democracia el deterioro de estos derechos?

Los índices, como el de Chapultepec, son muy relevantes en un clima de deterioro en toda la región. El caso de Perú, para mí, es especialmente sensible. Es un país que debería vacunarse dos veces contra estas cuestiones. Sabemos que el deterioro de la libertad de expresión primero puede afectar a los periodistas, a los medios, a los defensores de Derechos Humanos, pero luego termina siendo la primera señal de alarma de un problema estructural mayor de institucionalidad democrática.

- La ciudadanía puede pensar que es solo un problema de los medios de comunicación, pero en el fondo también los afecta a ellos…

Exacto, porque lo que se trata de silenciar es el mecanismo de ‘perro guardián’ que tiene la prensa de la democracia. La prensa, cuando investiga y revela casos de irregularidades y abuso de poder, que son la punta del iceberg, está prendiendo la alarma sobre hechos más complejos. Si yo elimino esa alarma, luego la infección se extiende. Hay que prestar atención a esto, la sociedad debe darse cuenta de que cuando estos índices de libertad de expresión retroceden es porque hay autoridades que no están garantizándola porque quieren hacer otras cosas, una agenda oculta que no se conoce.

- Actualmente, ¿cuáles son las principales amenazas a la libertad de expresión en la región?

Lamentablemente, se han multiplicado. Hay diferentes contextos: algunos donde prevalece la violencia directa contra periodistas como en México, donde hay una cantidad de asesinatos inaceptables, es la muestra de un fracaso regional importante. Luego están las amenazas legales, que se han multiplicado con demandas civiles de poderosos, como el caso de ‘Plata Como Cancha’ contra el periodista Christopher Acosta. Y luego se han instalado, en un contexto de polarización política, la viralización en redes sociales de desinformación y ataques concertados. Esto está afectando a la prensa, en Brasil, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en fin. Son ataques, hostigamiento, que no son solo palabras, pueden derivar en violencia, ataques a la tranquilidad de vivir y expresarse.

- Y en el Perú, ¿cuáles son los escenarios más preocupantes?

Los juicios abiertos contra periodistas, casos de polarización y hostigamiento contra militantes de facciones políticas o ideológicas contra la prensa. Muchos periodistas de alto impacto y alto perfil vienen sufriendo esto. Los intentos legales: leía que se quiere prohibir a la prensa informar sobre proceso de colaboración eficaz. Hay intentos permanentes del Congreso por legislar para restringir la libertad de expresión, eso es muy grave. El Poder Legislativo tiene que ceñirse a las reglas del derecho internacional en materia de cómo establecer una limitación legítima a la libertad de expresión. Un Congreso democrático no puede desatenderlas y si lo hace, es porque tiene la intención de desbordarse y afectar a la prensa.