El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria tenía previsto evaluar este miércoles, desde las 9:30 de la mañana, el pedido para suspender por 36 meses en el cargo de fiscal suprema a Patricia Benavides, investigada por supuestamente haber encabezado una organización criminal cuando estuvo al frente del Ministerio Público.
La noche del martes, se conoció la decisión del juez Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, de inhibirse del caso.
La solicitud había sido presentada por la fiscalía suprema en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Delia Espinoza, en el marco de la investigación preliminar que se le sigue a Benavides por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho activo específico, patrocinio ilegal, negociación incompatible, tráfico de influencias, cohecho pasivo propio y cohecho activo genérico.
Cuando se conoció el pedido de suspensión por tres años, Jorge del Castillo, abogado de Benavides, lo calificó como un “abuso”. En diálogo con El Comercio, remarcó que “con el mismo expediente, con las mismas pruebas, con la misma fiscal” ya se había solicitado un impedimento de salida del país, y el juez supremo Juan Carlos Checkley lo rechazó indicando que no había pruebas suficientes.
Luego de presentar este requerimiento, el Ministerio Público anunció que Checkley Soria fue incorporado en la indagación preliminar en calidad de investigado por el presunto delito de cohecho pasivo específico. Esto por los presuntos “pactos ilícitos” con Benavides para favorecer a Enma Benavides. Además, la fiscalía suprema presentó una recusación contra el magistrado.
Sobre Benavides pesa una suspensión de seis meses dispuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), como parte del proceso disciplinario que se le sigue por presuntamente liderar una red criminal y por cesar a la fiscal Marita Barreto del liderazgo del equipo especial que investiga ese caso. La medida concluye el 6 de junio.
