Nueve legisladores han sido expulsados desde el 2001

Por Giovanna Castañeda / Mauricio Chereque

Desde el 2001, han sido nueve los congresistas que han dejado su curul debido a un proceso de desafuero, por estar involucrados en irregularidades o investigaciones penales.

Los congresistas no agrupados Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez también podrían ser expulsados del Congreso e inhabilitados para ejercer una función pública.

Los tres parlamentarios son investigados por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por presuntamente haberle ofrecido a Moisés Mamani obras públicas a cambio de su voto en contra de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.

En las próximas semanas se definirá si dejan el Parlamento. Para la suspensión, inhabilitación o destitución de un legislador por infracción constitucional se requieren 69 votos, sin contar a los miembros de la Comisión Permanente.

–Otros casos–
“¡No se respetan los votos de medio millón de peruanos!”, exclamó Carmen Lozada en agosto del 2001, cuando el Parlamento decidió inhabilitarla por cinco años para ocupar un cargo público, por no haber denunciado oportunamente al ex asesor de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres.

Tanto Lozada como Luz Salgado –quien recibió la misma sanción– fueron congresistas solo por 21 días. Una semana después, Martha Hildebrandt y Martha Moyano juraron como congresistas por ser sus accesitarias. Las cuatro habían postulado por la alianza Cambio 90-Nueva Mayoría.

Desde esa fecha, el gobierno en el que hubo más desafueros fue la segunda gestión de Alan García (2006-2011), cinco en total.

En el 2007, la legisladora Elsa Canchaya (PPC) fue desaforada por unanimidad, por haber contratado a su trabajadora del hogar como asesora de su despacho, pese a que no contaba con los requisitos de ley para el puesto. Aunque en mayo del 2010, el Poder Judicial la inhabilitó por tres años para ocupar un cargo público, el Tribunal Constitucional anuló la condena en octubre del 2013.

En marzo del 2008, la parlamentaria aprista Tula Benites fue desaforada por presuntamente haber contratado a un empleado fantasma para apropiarse de su sueldo. Sin embargo, en febrero del 2014 fue absuelta por la Corte Suprema.

Uno de los casos más recordados es el de José Anaya (UPP), quien se hizo conocido como el congresista ‘comepollo’, luego de que una denuncia periodística evidenciara que presentó boletas adulteradas de una pollería por S/1.300, para beneficiarse con el pago de los gastos de representación.

Luego de ser desaforado, fue condenado a cinco años de prisión por la Corte Suprema. El ex congresista presentó un hábeas corpus al Tribunal Constitucional, pero su pedido fue rechazado. Anaya salió de prisión luego de cumplir dos tercios de su sentencia.

En diciembre del 2013, el Parlamento desaforó a Michael Urtecho (Solidaridad Nacional) por haber recortado el sueldo de los trabajadores de su despacho.

Alejandro Yovera fue el último parlamentario expulsado del Congreso. Lo desaforaron por haber consignado información falsa en su hoja de vida, aunque ese no fue el único caso por el que fue cuestionado. También por haberles descontado el sueldo a tres trabajadores de su despacho.