Procuraduría ad hoc: cinco ex funcionarios de OAS declararían en abril

El procurador ad hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, señaló este sábado que al menos cinco funcionarios de OAS declararían ante los fiscales peruanos en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, en el mes de abril.

En diálogo con RPP Noticias, explicó que el proceso para firmar el acuerdo de colaboración eficaz con la constructora brasileña OAS será más rápido que el suscrito con Odebrecht.

Refirió, además, que el Ministerio Público dirige la estrategia de negociación y que uno de los casos que estaría incluido en el acuerdo de colaboración eficaz sería el proyecto Línea Amarilla, que pasó a llamarse Vía Parque Rímac durante la gestión de Susana Villarán.

Sobre el pago de reparación civil que deberá pagar OAS, Ramírez explicó que el monto se determinará según la Ley 30737 y su reglamento, para lo cual se aplicará una fórmula prevista en dicha normatividad.

"El Estado peruano, para los casos en que la empresa privada comete actos de corrupción en obras públicas, ya ha establecido una política pública de intervención […]. Estamos recabando la información para aplicar la fórmula y de allí saldrá un monto", remarcó.

Explicó que la Ley 30737 se basa en tres criterios para determinar el monto de la indemnización: el grado de participación de la empresa en el proyecto, la capacidad de pago y la pena que impondría la fiscalía o la extensión de la sentencia.

Del mismo modo, Ramírez aseguró que el Congreso de la República "tiene todo el derecho" de interpelar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Vicente Zeballos, por la firma del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht.

"El acuerdo de colaboración eficaz al que posiblemente se llegue con la empresa OAS va a pasar un control de legalidad en el Poder Judicial y un control político. El Parlamento tiene todo el derecho de interpelar a cualquier ministro de Estado y se respeta", sentenció.

Finalmente, el procurador ad hoc advirtió que de derogarse la Ley 30737, como propone la congresista Yeni Vilcatoma, se estaría afectando la lucha contra la corrupción, pues dicha norma incorpora la colaboración eficaz de empresas y permite determinar la reparación civil.