El contralor Edgar Alarcón adelantó que no piensa renunciar a su cargo pese a la denuncia en su contra que está en manos del Congreso de la República. (Archivo El Comercio
El contralor Edgar Alarcón adelantó que no piensa renunciar a su cargo pese a la denuncia en su contra que está en manos del Congreso de la República. (Archivo El Comercio
Gustavo Kanashiro Fonken

El contralor ha señalado enfáticamente que no piensa renunciar a su cargo. Según sus propias declaraciones, él considera que no cometió ningún hecho irregular a pesar de que un auditor de la contraloría lo acusa de haber participado -sin haberlo declarado- en la compra y venta de al menos nueve carros cuando era vicecontralor entre los años 2013 y 2015.

Alarcón se defendió diciendo que no incluyó el dinero en sus declaraciones juradas porque eran montos "irrisorios" que"fácilmente" iban a convertirse en "gastos corrientes".

Sin embargo, según los abogados penalistas consultados por El Comercio, el monto no minimiza el hecho de que ya hay suficientes indicios para que el Ministerio Público realice una investigación de oficio.

- Contra la fe pública -

"Alarcón tuvo una actividad lucrativa, por más que diga que ha ganado poco. El hecho de que lo haya hecho a través de sus hijos también parece indicar que sabía que estaba impedido de hacerlo por su cargo de vicecontralor", dijo a El Comercio el abogado penalista Vladimir Padilla.

El letrado comentó que la cantidad de dinero que puede haber ganado no cambia su situación, porque la irregularidad es el no haber incluido estas actividades en sus declaraciones juradas. "Al ocultarlo y facilitarle el dinero a su hijo para que haga las compras también revela que sabía que había un ingreso de dinero y no lo comunicó", indicó.

Padilla resaltó que este proceder de Alarcón podría ser considerado como un delito contra la fe pública (hasta seis años de cárcel), a lo que habría que añadirle el hecho de haber vulnerado la Ley Orgánica de la Contraloría (artículo 33).

"La denuncia lo que busca en el fondo es poner en tela de juicio la credibilidad del contralor Edgar Alarcón. Vemos con este caso que él mide a funcionarios públicos con una vara que no aplica consigo mismo", añadió el abogado

- El origen del dinero -

Según el abogado penalista Mario Amoretti, los presuntos delitos en los que habría incurrido Alarcón podrían estar relacionados con el negocio en sí y el origen del dinero que no fue declarado. De acuerdo a la denuncia del auditor, los nueve carros fueron comprados por un monto de US$182.550.

"Habría que ver si hay un desbalance patrimonial en lo que respecta a los ingresos que tuvo en su condición de vicecontralor. Un fiscal debe tomar acciones de oficio en este caso y pedir que tanto el contralor como su hijo demuestren de dónde sacaron el dinero para invertir en este negocio", señaló el letrado a El Comercio.

De confirmar que los ingresos no se corresponden con los gastos, el Ministerio Público podría tener en sus manos un caso de enriquecimiento ilícito (5 a 10 años de cárcel) o lavado de activos (6 a 12 años).

- ¿Presionó al auditor? -

“¿Qué pasaría si es que retiras la denuncia del Congreso? [...] Piénsalo, Walter. No quiero presionarte, no te estoy hostilizando, no te estoy chantajeando. Entonces, por la amistad que tenemos te digo piénsalo, nada más te digo”, fue lo que Edgar Alarcón le dijo al auditor Walter Grados Aliaga en setiembre del 2016, un mes después que este último presentara la denuncia ante el Congreso.

Los dos abogados consultados concuerdan en que, si bien estas frases demuestran una falta que podría ser ética o incluso administrativa, no configura una infracción penal.

"Puede considerarse como que actuó mal, pero sea cierto o no, el auditor presentó la denuncia. Habría que ver si, adicionalmente, hubo otros intentos de amedrentarlo como represalia, como un cambio de cargo o algo por el estilo", indicó Padilla a El Comercio.

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