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Odebrecht podría volver a contratar con el Estado peruano: ¿qué le espera?

Después del acuerdo firmado con la fiscalía, la compañía podría volver, pero le espera un retorno complicado. Aunque la venta de Chaglla y de otros activos serviría de ayuda, la brasileña no la tendría nada fácil

Odebrecht

US$ 40 millones sumarían las coimas que Odebrecht pagó en Perú. En el 2016, la empresa aceptó haber pagado sobornos por US$29 millones, pero se han revelado nuevos casos.(Foto: AFP) (Foto: AFP)

Desde que Odebrecht llegó al Perú, hace 40 años –de la mano de la francesa Alstom–, su nombre no solo fue sinónimo de grandes proyectos de infraestructura sino de inversiones millonarias, que le valieron para considerar a nuestro país como una plataforma importante para su internacionalización.

Y, como ellos mismos reconocían después de ganar la concesión de Chaglla, en el 2011, y del Gasoducto Sur Peruano (GSP), en el 2014, la entrada en operación de ambos proyectos permitiría que la participación de los ingresos de su matriz provenientes del exterior (en el 2014 llega a representar un 55%), se incremente considerablemente.

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Pero, el caso Lava Jato estalló y los vaticinios de la brasilera no se cumplieron, quedando inhabilitados –incluso– para participar en nuevos proyectos después de reconocer, ante la justicia de Estados Unidos, en diciembre del 2016, que pagaron coimas por US$788 millones en 12 países, incluido el Perú.

Hoy, tras el acuerdo de colaboración eficaz y reparación firmado con la Fiscalía, la posibilidad de volver a contratar con el Estado peruano se ha convertido en una ventana para el conglomerado, que pretende dejar atrás su papel protagónico en una de las investigaciones de corrupción más grandes de los últimos tiempos.

Pero para que ello suceda, son varios los pasivos a los que deberá hacer frente si –como afirmaba en noviembre último Alfonso Pinillos, gerente general de CTO y H2Olmos (concesionarias de Odebrecht), en entrevista con Día1– mantienen la intención de “seguir desarrollándose en el país”.

Para empezar, no solo hace falta saber lo que sucederá con sus dos proyectos bandera: GSP y Chaglla, también Olmos y Chavimochic urgen de respuestas.Chaglla, ¿verá la luz?

Un año y medio después de que se diera a conocer –por primera vez– el interés de la multinacional China Three Gorges Corporation por adquirir la hidroeléctrica Chaglla (Huánuco), uno de los activos más importantes de Odebrecht en el Perú, valorizado entre US$1.200 millones y US$1.400 millones, la posibilidad de la venta pareciera estar más cerca.

Como se recuerda, las negociaciones entre los brasileros y los chinos estaban avanzadas. Hacia finales del año pasado, el premier César Villanueva precisó que ambas compañías habían llegado a un acuerdo para concretar la transacción en US$618 millones (con la mitad de ese monto garantizado como pago de reparación al Estado).

Ahora, tras el acuerdo entre los brasileros y el Estado peruano, se hace más factible que se concrete la operación, y no sería la única de este tipo, según Mauricio Olaya, socio principal del Estudio Muñiz.
“Es esperable que, una vez liberado el candado para que Odebrecht retome su actividad en nuestro país, y como una primera fase de reinserción en el mercado local, ellos opten por desprenderse total o parcialmente de algunos de sus activos, como Chaglla y Olmos.

Olmos

Se espera que para la reinserción en el mercado  local de la brasileña esta busque vender activos del proyecto Olmos. 

Ministerio de Vivienda

Ello servirá para que ‘hagan caja’ y, también, para que cumplan con sus compromisos de pago al Estado”, apunta el experto en fusiones y adquisiciones a Día1. Aunque este suplemento consultó a Odebrecht sobre el paso final para concluir con el proceso de venta, la firma se excusó de brindar mayores detalles.

REGANDO A SECAS
Debido a que sus dos proyectos de irrigación (Chavimochic y Olmos) no escaparon al impacto del destape de la entrega de coimas, en febrero del 2017, el Gobierno Regional de La Libertad rescindió el contrato para la construcción de la tercera etapa de Chavimochic, por no presentar el cierre financiero del contrato.

Tras amenazar con el inicio de un arbitraje internacional, Concesionaria Chavimochic SAC (Odebrecht y Graña y Montero) propuso echarse para atrás con el litigio a cambio de concluir el 30% restante de la presa. Para ello, solicitó el desembolso de US$99 millones para la obra y S/30 millones adicionales, asociados a una actualización de precios de inflación.

Pero, como el Estado no encuentra sustento técnico en el monto adicional, se inclinó por un acuerdo de partes. “Existe un avance significativo de la negociación. El concesionario tiene la voluntad de culminar la presa y retirarse”, afirma a Día1 Manuel Llempén, gobernador de La Libertad.

Mientras que en Lambayeque, tras la divulgación de los casos de corrupción, tanto Concesionaria Trasvase Olmos (CTO) como H2Olmos buscaron vender sus activos para –según Alfonso Pinillos– “pagar ciertas obligaciones del grupo, a nivel de accionistas”.

Para ello, ambas compañías firmaron un acuerdo de compra-venta con Brookfield y Suez. Aunque el contrato –a decir de Pinillos– expiró a finales del 2017, todavía mantenían “contacto estrecho” con estas dos empresas y con otras que les manifestaron abiertamente su interés.

Mientras se define lo de la venta, Pinillos refiere que Odebrecht –al igual que en Chavimochic– busca avanzar con otra obra: el recrecimiento de la presa Limón, necesaria para la segunda fase de la irrigación. Para el ejecutivo, la posibilidad de que el grupo asuma la obra obedece a “complejidades” técnicas: “primero, porque se va a tener que realizar durante la operación actual. Y, segundo, porque nosotros tenemos el activo de la presa en concesión”.

Considerando que los estudios para la sobreelevación de la presa concluirán en julio próximo, y que el costo de las obras, según el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), ascendería a US$72 millones, ¿cuán viable es que Odebrecht la construya, tras el acuerdo con la Fiscalía?.

En su calidad de especialista en políticas públicas de la PUCP, Flavio Ausejo advierte el riesgo político que asumiría el Gobierno actual de avalar la construcción de las presas. “Va a tener que explicar por qué sigue con la inversión”, subraya, tras reconocer la necesidad de que la infraestructura no caiga en desuso.

Entonces, ¿cuál sería la estrategia de Odebrecht para seguir potenciando ambas irrigaciones? Coincidiendo con Mauricio Olaya del Estudio Muñiz, Sergio Amiel, socio de Garrigues, sostiene que como otras empresas en situaciones similares, la corporación podría vender activos para afrontar sus obligaciones frente a sus acreedores, reestructurar su deuda y priorizar las operaciones que generen flujos para continuar operando.

“En este caso podría vender las empresas, pero mantener los contratos de procura, ingeniería o construcción, a fin de que esa división del negocio siga generando ingresos para la compañía”, señala. Y aunque podría haber jugadores interesados, el experto repara en que existe expectativa sobre cómo se implementarán las primeras transacciones bajo la Ley 30737, que asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción.

GAS QUE SE ESFUMA
Pese a haberse convertido en la apuesta más ambiciosa de Odebrecht en el Perú, el GSP –diseñado para conectar los campos gasíferos del Cusco con los puertos de Ilo (Moquegua) y Mollendo (Arequipa) a lo largo de 1.000 km– para Carlos Herrera, ex ministro de Energía y Minas, se trata de un proyecto sobrevalorado y con “puntos débiles por todos lados”, pues nunca llegó a contar ni con demanda ni con oferta de gas aseguradas.

Muy por el contrario, tiene un costo importante: toneladas de tubos abandonados en la selva de Cusco, que yacen allí desde que el Gobierno peruano canceló el proyecto en enero del 2017 por “razones contractuales y no por indicios corrupción”, según remarca Humberto Campodónico, expresidente de Petro-Perú.

El único nexo que la brasilera tiene hoy con el GSP son, precisamente, esos tubos, por los que podría pedir una indemnización al Estado peruano de prosperar el arbitraje interpuesto por su socio, la española Enagás.

¿Y el gasoducto al sur? Aunque el Gobierno pretende licitarlo entre el 2021 o 2022, respetando el trazo original (de Cusco a Ilo-Mollendo), se trata –ciertamente– de una licitación en donde Odebrecht no podría participar nuevamente.

“Veo bastante difícil que Odebrecht vuelva a ganar una obra en el Perú. Si bien hay que reconocer que realizaba un impecable trabajo de ingeniería, lo sucedido [con la corrupción] ha ocasionado un terremoto tan grande que la población se opondrá a que gane una obra, sobre todo de grandes dimensiones”, apunta Herrera.

Así las cosas, el panorama futuro para la otrora poderosa compañía brasilera pareciera estar marcado por la incertidumbre: sin la certeza de la venta de sus activos para obtener liquidez y con pocas posibilidades para ganar nuevas obras que le permitan salir a flote, a pesar del acuerdo aceptado por la Fiscalía. 

LA POSICIÓN DE LA BANCA MULTILATERAL
—Banco Mundial: el 29 de enero, la entidad decidió inhabilitar a Odebrecht. Hasta el 2022, la brasilera no podrá participar en proyectos que financien en los diez países en donde tienen presencia (Latinoamérica, África y Europa).

—CAF: según fuentes oficiales de la CAF consultadas por este suplemento, actualmente la matriz de Odebrecht no tiene compromisos financieros frente a ellos.

—Acreencias:  en el caso del Perú, únicamente dos de sus afiliadas, que son concesionarias bajo esquemas de APP, mantienen obligaciones vigentes: Concesionaria Trasvase Olmos y H2Olmos, pero se encuentran al día en el pago de sus obligaciones.

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