¿Qué quieren las comunidades peruanas?: Progreso [Entrevista]

Aunque dicta la cátedra de Sustentabilidad en la Escuela de Negocios Peter B. Gustavson de la Universidad de Victoria, Matt Murphy conoce bien la realidad de las relaciones entre las comunidades indígenas peruanas y las empresas extractivas.

En sus clases destaca la importancia de la percepción de la justicia para ponderar cuánto se respetan los derechos humanos en los convenios entre empresas y comunidades nativas.
Sí, aunque esta percepción no depende solo de las empresas, sino también de los gobiernos, que son los que han firmado los pactos internacionales sobre DD.HH. Además, están los líderes de las comunidades, que a veces firman pactos sin consultar a sus propias comunidades. Las personas impactadas por un proyecto deben tener conocimiento, voz y poder de decisión en aquellas cosas que las afectan.
 
Pensando en el Perú, la defensa de los derechos humanos es una bandera tomada por partidos de izquierda y ecologistas. Y por eso se convierte en un tema político.
Cada decisión y cada conflicto que surge por el control de los recursos, y que implica el uso del poder, es político. No podemos evitarlo. Pero los pactos sobre derechos humanos han sido establecidos por naciones, por representantes elegidos por cada país, no por partidos ni por tendencias. 
 
Hay empresas que se encuentran con comunidades mal preparadas para defender sus derechos.
Lo mejor para las empresas es que tomen más tiempo e inviertan para que los miembros de la comunidad entiendan bien el proyecto. Esta inversión es muy pequeña en comparación con la gran inversión total. Hay que hablar antes con los pueblos.
 
¿Es mejor negociar con una comunidad bien preparada?
Es más seguro para la empresa y más fácil para el largo plazo negociar con una comunidad que entiende y defiende sus derechos. Porque si esta comunidad sabe negociar y llega a un acuerdo, hay más posibilidades de que este sea sólido. Pero cuando una empresa llega a una negociación con una comunidad que no conoce sus derechos, en el futuro es más probable que se encuentre con huelgas, demandas ante las cortes, acciones que dañarán su imagen y que costarán dinero.
 
¿Ve factible que los gremios empresariales capaciten a las comunidades en la defensa de sus derechos?
Sería una buena iniciativa crear un fondo para capacitar a las comunidades en la defensa de sus derechos y en cómo negociar no solo con las empresas, sino también con el Gobierno. Por mi experiencia, la mayoría de comunidades quiere y aspira al progreso, a tener una economía buena, pero una en la que ellas participen y de la que obtengan beneficios.