Reprogramación de deudas: BCR y SBS advierten inconstitucionalidad en dictamen del Congreso

En menos de una semana, un segundo dictamen en materia económica y calificado de inconstitucional ha sido aprobado y va camino a debatirse en el pleno del Congreso. El primero, aprobado por la Comisión de Economía, permite la devolución de aportes a la ONP, lo que atenta contra el equilibrio presupuestal.

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Esta vez, la Comisión de Defensa del Consumidor ha aprobado un dictamen que permite un período de gracia de 90 días para el pago de créditos y la posterior reprogramación hasta por cinco años sin modificar las tasas de interés. El documento, sin embargo, va en contra de lo dispuesto por la Constitución y los que así lo han advertido son la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR).

Contrato de privados

En un documento remitido ayer por la SBS al presidente del Congreso, Manuel Merino, se señala que el proyecto no analiza las consecuencias legales de las reprogramaciones impuestas por ley.

“La responsabilidad y equilibrio que debe guardar la empresa del sistema financiero al decidir sus estrategias y políticas de crédito y de pasivos se rompe cuando las pérdidas en las que incurre no provienen de sus propias decisiones, sino de políticas impuestas por ley”, señala.

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En diálogo con El Comercio, el superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas, Jorge Mogrovejo, resaltó este problema con el dictamen. “Es meterse en el contrato de privados. Como señala la Constitución, es difícil que mediante ley se cambie de esa manera”, aseveró.

Por ello la SBS sostiene que las pérdidas en las que incurriría el sistema financiero “ya no serían solo de su exclusiva responsabilidad, sino también de un poder del Estado que introdujo un desbalance en su gestión financiera”.

El dictamen ha excluido a las cajas municipales, rurales y edpymes de esta reprogramación. Sobre este punto, se advierte otro problema de corte constitucional.

La SBS menciona en su carta, tomando como base el inciso 2 del artículo 2 de la Constitución, que el Legislativo no puede ser generador de diferencias.

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Verdaderos afectados

El Banco Central de Reserva cursó también una carta el pasado 26 de junio al presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, José Luna, en la cual advierte sobre otros problemas en el dictamen que no han sido analizados debidamente.

Esa misiva, a la que tuvo acceso este Diario, considera que la propuesta otorga un mismo beneficio sin focalizarlo en los verdaderos afectados. El dictamen aprobado por la comisión del Congreso solo excluye al trabajador dependiente que se encuentre en calidad de activo a la fecha de presentada la solicitud y que mantenga su condición laboral previo al estado de emergencia.

Pero el BCR sostiene que con ello se permitiría que personas de altos ingresos reprogramen sus deudas y tengan un alivio financiero por sus compras con tarjetas de crédito, de automóviles y de propiedades, con lo cual el propósito del dictamen se pierde.

Es este escenario el que, en opinión del BCR, afectaría “al sistema financiero y sus ahorristas” y obvia que las propias entidades ya ofrecen reprogramaciones a sus clientes. “Este trato inequitativo se corregiría si en su lugar se considera un límite general del saldo de la deuda de consumo, el que podría no exceder por ejemplo [de] S/10 mil”, finaliza.

Autonomía del Banco Central

Una de las disposiciones complementarias finales del dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor se refiere a Reactiva Perú y a las subastas que ejecuta el BCR como parte del referido programa.

Esta señala que el banco “podrá aplicar como un criterio que no menos del 50% de los montos subastados sean destinados” a empresas como cajas municipales, edpymes, cooperativas y cajas rurales. Con esa medida, la comisión del Legislativo busca promover una mayor participación de estas entidades en el programa de créditos. No obstante, la institución monetaria advierte que ello atenta contra su principio de autonomía. La observación realizada por Julio Velarde es específica.

“La fórmula empleada en el dictamen según la cual el Banco Central ‘podrá’ realizar esta segmentación de subastas está normando una autorización o facultad, lo cual reiteramos es contrario a la Constitución”, se lee en el documento remitido al Parlamento.

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Más allá de la forma, también se advierte que destinar el 50% de los S/30 mil millones que se subastarán como parte de Reactiva II traería consecuencias para esas entidades, pues sería dar “una expansión crediticia de 35% en un período de pocos meses” y ello aumenta el riesgo de sobreendeudamiento y de deterioro de la cartera.

“Una norma autoritativa relacionada a la modalidad operativa de un instrumento de la política monetaria es contraria a la Constitución y, en consecuencia, debería omitirse del proyecto de ley”, finaliza el banco.

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