José Pekerman: “Me hubiera gustado mucho dirigir a Perú, siempre fui un admirador del fútbol peruano. Burga me buscó pero no se pudo”
El 22 de diciembre del 2019, a las 4:09 de la madrugada, un vecino llamó a la policía con carácter de urgencia. Su vecina, Jesica Tejeda Huayanay, tenía cerca de media hora gritando por su vida. La llamada se repitió minutos después, pero la ayuda nunca llegó. A las 4:30, los vecinos, desesperados, corrieron hasta la comisaría a rogar apoyo. Allí ya se encontraban otras personas pidiendo socorro para Jesica.
A las 4:35 de la madrugada, Juan Huaripata, su pareja, incendió la casa con ella y sus cuatro hijos dentro. Antes, había acuchillado Jesica, a su hijo de 15 años y a su bebé de tres meses. La hija de dos años murió producto del incendio. Un cuarto hijo, de solo nueve años, logró escapar luego de hacerse el muerto.
La comisaría estaba a solo 159 metros de la casa.
Esta tragedia es, quizá, la que mejor ilustra la facilidad con la que, en nuestro país, se acaba con la vida de mujeres a pesar de los innumerables pedidos de ayuda.
Según cifras proporcionadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) a ECData, en el 2022 se denunciaron 87 feminicidios ante las distintas comisarías del país. De estas, 51 (el 58,6% del total) tenían como agravante el hecho de que la víctima sufría violencia familiar antes de ser asesinada.
Por otro lado, en el Programa de Recompensas de la PNP –que otorga un beneficio económico a quienes brinden información para identificar y capturar a requisitoriados– se ha incluido a 33 buscados por feminicidio y tentativa de feminicidio. De estos, al menos 15 habían sido denunciados antes por algún tipo de violencia, y muchas de las víctimas tenían, incluso, medidas de protección a su favor. Una de ellas, Cinthia Paola Oblitas, había denunciado seis veces antes a su agresor. En julio del 2019, su exconviviente, el exsuboficial de la PNP Juan Martín Rosario Félix Poicón, asesinó a balazos a ella y a su hermana.
Ingrid Díaz, abogada penalista especializada en violencia contra la mujer, explica que, pese a que los magistrados pueden dictar medidas de protección a favor de las víctimas, “es imposible que la policía se dé abasto para hacer un seguimiento estricto de cada una”.
Además, indica que, en muchos casos, las medidas otorgadas no son las adecuadas para el caso específico. ¿Un ejemplo? Se le ordena a aquel no acercarse a la víctima, pero viven en la misma casa.
Al respecto, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, asegura que “existe una brecha entre el discurso y la realidad”, siendo el discurso las normas dictadas para combatir la violencia contra la mujer, y la realidad su inadecuada aplicación por parte de las autoridades.
“Cuando uno establece normas de protección a una mujer es un acto discursivo, porque en la práctica no viene acompañado de una protección específica”, sostiene.
Algo similar ocurre con el Programa de Recompensas que, como informó El Comercio, tiene a requisitoriados que fueron incluidos hace más de siete años. Según Valdés, este no generará mayores efectos si es que no se aseguran acciones paralelas, algo que se ha descuidado por la turbulencia política, particularmente en el sector Interior.
“Un programa de recompensas solamente funciona si es que tiene una adecuada estrategia de difusión y, detrás, una estructura de investigación criminal. Esto se ha perdido últimamente, especialmente con la rotación ministerial en Interior y los constantes cambios en la policía”, señala.
El último eslabón
El feminicidio rara vez es un caso de violencia aislado. Como explican Díaz y Valdés, este delito es tan solo el último eslabón de una cadena de hechos violentos que aumentan en intensidad. De ahí la importancia de detectar e intervenir el contexto de violencia de manera oportuna.
“El feminicidio no se puede entender si es que no se entiende en el marco general de la violencia. Esta empieza con violencia psicológica, luego física y esta puede volverse en una tentativa de feminicidio o en la muerte de la mujer. Hay un caldo de cultivo que debe detectarse e intervenirse tempranamente”, sostiene Valdés.
En la misma línea, Díaz explica cómo la violencia “va escalando, desde restringir cómo se viste una persona o alejarla de su círculo familiar y de amigos, hasta llegar a violencia psicológica, física y después la muerte”.
Sanción versus educación: el camino a la erradicación de la violencia de género
Si bien los expertos consideran fundamental el poder identificar e intervenir los casos de violencia apenas son denunciados, ambos coinciden en que dichas medidas no solucionan el problema de la violencia contra la mujer a largo plazo. Para Valdés y Díaz, la problemática debe ser abordada desde la educación.
“Finalmente, esas medidas (atención de casos y detención de los agresores) son posteriores, no son preventivas. Creo que nos estamos enfocando mucho en la sanción, cuando lo fundamental es asegurar una educación con enfoque de género. Solo así se prevendría que las relaciones sentimentales reproduzcan estas relaciones de dominio en las que el varón subordina a la mujer”, sostiene Díaz.
"Nos estamos enfocando mucho en la sanción, cuando lo fundamental es asegurar una educación con enfoque de género".
En la misma línea, Valdés asegura que la intervención policial “lidia con hechos consumados” que podrían prevenirse mediante la educación impulsada desde todos los niveles de gobierno.
“Todos los operadores de justicia, policías, fiscales y jueces, deberían ser capacitados en perspectiva de género para entender e interpretar los hechos delictivos”, agrega el exviceministro.
Mira aquí el especial completo de ECData sobre violencia contra la mujer.
