Embajadora de Colombia en el Perú: “El diálogo continúa, pero hay que reprimir las acciones violentas”

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, 42 personas han muerto y cientos han resultado heridas en el contexto de las protestas que este miércoles 19 cumplen tres semanas. Mientras tanto, el presidente Iván Duque mantiene un diálogo con el Comité Nacional de Paro, la organización más visible de los manifestantes, aunque las conversaciones no avanzan según lo esperado.

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El mencionado comité, que afirma que el gobierno está lejos de dar solución a sus demandas, ha convocado una nueva jornada de manifestaciones en todo el país para el miércoles.

Por su lado, Duque ha ordenado a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional desplegar su “máxima capacidad operacional” para desbloquear las carreteras obstaculizadas por manifestantes ante la escasez de alimentos e insumos básicos en las principales ciudades del país.

El Comercio conversó con la embajadora de Colombia en el Perú, María Claudia Mosquera, sobre el enojo ciudadano, los actos de violencia ejercidos por parte de grupos de manifestantes, así como del rol de las fuerzas del orden de su país, cuya actuación ha sido condenada internacionalmente.

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—¿Qué errores se están cometiendo para que persista esta situación? ¿Qué está fallando?

Yo no creo que el gobierno esté cometiendo errores. Yo creo que la pandemia ha ocasionado que la gente esté descontenta porque la situación económica de Colombia, y en todos los países, se agravó. Eso ocasionó un descontento en la población. Para mantener los programas sociales que se iniciaron con ocasión de la pandemia, el gobierno presentó una reforma fiscal y ese proyecto de reforma fue el detonante que se usó para que la gente saliera a manifestar su descontento.

El gobierno de Colombia avala el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero la protesta dejó de ser pacífica y fue infiltrada por grupos ilegales que han cometido todo tipo de actos vandálicos y violatorios de los derechos de toda la población, lo que han hecho es atentar contra la libre locomoción, contra la salud e incluso contra la vida de las personas cuando no permiten el paso de las ambulancias o del oxígeno o de los alimentos. Obviamente es contra esos actos violentos que ha habido represión. El gobierno no ha reprimido las marchas pacíficas. Los actos vandálicos se contrarrestan con el uso legítimo de la fuerza pública.

—¿Reconoce excesos en la actuación de la fuerza pública?

Obviamente entendemos que sí ha habido abuso de autoridad, pero no se puede hablar de toda la fuerza pública. Son actos individuales que se están investigando por las autoridades competentes. Colombia es un estado de derecho donde funcionan tres ramas del poder público y cada una cumple su función específica. El presidente de la república es el comandante en jefe de las fuerzas militares, pero no es quien investiga la conducta de las fuerzas militares. Es la fiscalía general de la nación la que está investigando los actos que se consideren como abuso de autoridad, según las denuncias puestas por la población.

—¿Cómo definiría la situación actual de la crisis en Colombia? ¿En qué punto está a casi tres semanas del inicio de las protestas?

A este punto han pasado dos cosas. La primera, se inició el diálogo. El gobierno ya lo ha empezado con el Comité Nacional de Paro, pero también con todos los actores institucionales. Ha hablado con los estudiantes, con los gobernadores y con los alcaldes, con los empresarios, con las cortes, con los representantes del Poder Judicial. Este diálogo que impulsó el gobierno del presidente Duque, que es un demócrata y que cree en las manifestaciones pacíficas y en la concertación, se inició además con presencia de la ONU y de la Iglesia Católica. Se están realizando las conversaciones, hay un pliego inmenso de peticiones que obviamente tiene que ajustarse a la realidad fiscal del país.

—Para mañana está convocado un nuevo paro…

Para mañana está convocado un nuevo paro, pero el presidente anoche dio la orden a las fuerzas militares de que, usando la proporcionalidad y racionalidad establecidas en nuestra Constitución, deben abrir los bloqueos de las vías porque la otra población está sufriendo. La población que no marcha, que es la mayoría, se está viendo afectada. Hoy leí que la afectación económica es de 6.5 billones de pesos colombianos.

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—Pero la persistencia del paro indica que el diálogo no está avanzando…

El diálogo está avanzando, ya se ha avanzado en varias cosas, pero no es un diálogo inmediato porque las peticiones son muy altas.

—En todo caso, ¿qué considera que sería necesario para que la situación se tranquilice? ¿Cuál debería ser la ruta?

Yo creo que la ruta es la que ha trazado el presidente de la república. El diálogo continúa, pero hay que reprimir las acciones violentas. No se puede permitir que el resto de la población no pueda tener acceso a alimentación, no se puede permitir que los demás no puedan movilizarse, que no puedan ir a trabajar, que las empresas tengan que cerrar. El mismo José Miguel Vivanco [director para las Américas de Human Rights Watch] dice que en Colombia se debe garantizar que existan corredores en las vías. No puedes tener a un país cerrado.

—Además de la represión, también se ha acusado al presidente Duque de falta de liderazgo y de no responder con acciones concretas a las demandas ciudadanas. ¿Cree que es necesario un mea culpa del jefe de Estado?

No, yo creo que el presidente Duque ha tenido una respuesta suficiente. El presidente es un hombre grande, es un demócrata que cree en el diálogo, que escucha a la gente. Desde el primer momento de su gobierno, él va a todas las regiones, habla con todo el mundo. Todas las semanas se desplaza para escuchar las necesidades de la población colombiana en todas las regiones, entonces no podemos hablar de un mandatario desconectado de la realidad. Por el contrario, el presidente está súper conectado con la realidad, ha venido cumpliendo a cabalidad su programa de gobierno. Habrá descontento, sí, habrá gente que quiera imponer por la fuerza cosas, pero así no funcionan las cosas en un estado de derecho.

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—¿Cuál es la respuesta del gobierno a los ciudadanos que no forman parte de los grupos violentos y que genuinamente tienen demandas en muchos frentes?

El presidente ha conversado con los estudiantes y con los jóvenes. De hecho, se habló de la matrícula cero para los estratos 1 y 2 en el próximo semestre en la universidad púbica. Además, anoche sancionaron una ley para el empleo, donde se subsidiaba el 25% del salario para que las empresas tengan entre su nómina a estudiantes y jóvenes trabajadores entre los 18 y los 28 años a partir de julio de este año. Entonces sí ha habido una respuesta. También se han continuado los programas de la política gubernamental Paz con Legalidad, que desde el día cero del mandato del presidente Duque se ha venido implementando con unas cifras muy buenas. Pero la gente dice cosas que a veces no corresponden a la realidad. Los acuerdos de La Habana se han venido implementando. De hecho, tenemos al 90% de los combatientes en la seguridad social, al 80% de ellos afiliados a algún tipo de régimen pensional, 4.500 hogares de los excombatientes se han visto beneficiados con un empleo o un proyecto. Sí se ha venido cumpliendo.

—Una de las demandas que suena con más fuerza en las calles es la reforma policial...

No. El gobierno no contempla por ahora la reforma de la policía porque la policía cumple con el deber constitucional de proteger a los ciudadanos, a todos, colombianos y extranjeros residentes en el país en su vida y en sus bienes. Los excesos son investigados, pero no se contempla una reforma a la policía como tal.

—El Comité Nacional de Paro acusa al gobierno de “no querer negociar”. ¿Qué opina de esto o qué critica le merece la actuación de este comité?

Yo no tengo críticas al Comité de Paro porque no lo conozco, no sé quienes son los integrantes. Entiendo que ellos están luchando por las causas que ellos consideran justas, pero sí creo en el dialogo. En el gobierno del presidente Duque somos unos convencidos del diálogo, que no avanza en la velocidad que todos quisiéramos, pero los diálogos toman tiempo. Los de La Habana tomaron seis años cuando se pensaba que iba a ser un poco más rápido.

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—¿Cuál es el llamado que el gobierno hace ahora a todo el país?

Es un llamado a la unidad y a la cordura. No se puede someter al resto de la población a que no pueda ejercer sus derechos porque, así como el gobierno garantiza el derecho a la protesta pacífica, quienes protestan también deben tener que sus derechos llegan hasta donde interfieran en los derechos de las otras personas. Las otras personas tienen derecho a la locomoción, a la salud, al trabajo y a la vida. Así como el gobierno respeta el derecho a la protesta, los otros también tienen que respetar y no ejercer la violencia como forma de presión.

—¿Cómo recibe las posturas de los países y organizaciones internacionales que están opinando sobre lo que pasa en Colombia?

Nosotros somos respetuosos de lo que opinen los otros países, independientemente de que compartamos o no las opiniones, pero Colombia siempre partirá del principio de la no intervención. Además, si algún país tiene presencia de la ONU en su territorio es Colombia, que tiene 22 agencias de la ONU. Siempre hemos creído en la veeduría internacional.

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