En las más recientes encuestas de intención de voto presidencial, han sido dos candidatos los que han registrado cifras de crecimiento que van más allá del margen de error. De un lado, Yonhy Lescano, veterano político que representa a Acción Popular y, de otro lado, Rafael López Aliaga, empresario que ha reconvertido Solidaridad Nacional –otrora asociado a Luis Castañeda Lossio– en Renovación Popular. Si bien, a simple vista, difieren en varios aspectos en materia económica, ambos coinciden en banderas sumamente conservadoras en aspectos penales y, sobre todo, en materia de libertades sexuales y valores. ¿Por qué se da este fenómeno?
Una respuesta muy simple se concentraría en los ya tradicionales reflejos conservadores existentes en la sociedad peruana. Basta leer “Clases, Estado y nación” de Julio Cotler o acercarnos a la hoy popular serie “El último bastión” en Netflix para ver cómo, desde los momentos en los que el Perú surgió como nación independiente, las corrientes para preservar el orden impuesto desde el siglo XVI fueron bastante fuertes. Pero la herencia colonial no basta como explicación.
Deben atenderse las fuertes demandas por justicia existentes en la sociedad peruana. En su libro “Afectos y desafectos”, el psicólogo social Hernán Chaparro indica que la cultura política limeña –y, en cierta medida, esto se puede extender a la peruana– está muy marcada por la búsqueda de justicia como igualdad. En esa línea, pueden ubicarse iniciativas de control de algunas variables de la economía, como los precios, así como la necesidad de mayores sanciones hacia delincuentes en general y personas acusadas de corrupción en particular. Esto puede expresarse en voces más institucionales o autoritarias, dependiendo de la coyuntura. El expresidente Martin Vizcarra es una expresión de las primeras, mientras que Lescano, López Aliaga, Urresti y Keiko Fujimori expresarían, grados más o menos, las segundas.
Otro elemento para considerar es la radicalización de sectores acomodados –aquellos donde el mensaje de López Aliaga cala más– durante las últimas décadas. La influencia del mensaje del Opus Dei y del Sodalicio de Vida Cristiana –a pesar de las severas acusaciones de abusos en su seno– ha sido fuerte en al menos dos generaciones, así como las de algunas iglesias evangélicas. Y es una reacción frente a lo que viene pasando entre sus pares de clase, donde los mensajes liberales y progresistas en materia de valores han calado mucho más. Aquí surgen mensajes que asocian a izquierdistas y liberales como parte de una conspiración para “implantar el comunismo” o “homosexualizar a los niños”. A ello se suma un activismo más fuerte en los últimos años en redes sociales reales y virtuales por parte del conservadurismo social, que ha renovado sus repertorios de protesta.
Finalmente, un elemento a considerar es la debilidad de los sectores liberales y progresistas en lo social por hacer sentir su mensaje, sobre todo, en las personas que se adscriben a una religión en forma nominal. No solo requieren una acción más coordinada, sino también mensajes que apelen más a la empatía y critiquen menos la religiosidad popular. A ello se suma el hecho que las dos candidaturas que representan más a este sector, Verónika Mendoza y Julio Guzmán, tienen serios problemas de comunicación política para llegar más allá de los sectores ya convencidos por sus mensajes, en estos y en otros temas. Si estos últimos sectores quieren evitar retrocesos o generar avances en el siguiente quinquenio, deberán apostar más por la acción política real. Les quedan cinco semanas en la campaña electoral, al menos.
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