Debate: ¿El voto debe ser voluntario?

El voto debe ser libre

Federico Salazar B. / Periodista

La elección de autoridades es un derecho de los ciudadanos. Así lo reconoce la Constitución (artículo 2, inciso 17). Se trata de los derechos fundamentales de la persona.

El derecho a elegir autoridades es a su vez consistente con otros derechos fundamentales. Por ejemplo, la libertad personal, así como las libertades de conciencia, de opinión y de expresión y la de reserva sobre convicciones políticas. Todas ellas consagran la libertad de la persona.

Tener un derecho no equivale a ejercerlo. Tengo derecho a trabajar, pero la ley no me obliga a hacerlo. Tengo derecho al libre tránsito, pero la ley no puede obligarme a salir a correr por las calles como Forrest Gump.

En relación con la elección de autoridades, sin embargo, la legislación nos obliga a ejercer el derecho de votación. La ley supone que nuestra elección solo puede ser una: ejercer el voto.

Una elección de una sola opción, obviamente, no es elección. Si no hay elección, no hay derecho.

Somos adultos y ciudadanos completos cuando elegimos si vamos o no a estudiar, si trabajamos o no, si caminamos o no por las calles. No somos adultos y ciudadanos completos cuando se trata de elegir a las autoridades.

La ley dice: “Si decides no ejercer tu derecho, te multamos”. La ley, además, es discriminatoria, porque crea mayor obligación al que menos dinero tiene. 

Si tienes dinero, pagas y no votas. Si no tienes dinero..., ¡anda nomás a votar!

El voto debe ser libre, absolutamente libre, por una razón moral. Cada persona debe tener la facultad de elegir si ejerce o no su derecho a votar.

La ley y la propia Constitución, sin embargo, son contradictorias al respecto. El voto, dice la misma Constitución, “es personal, igual, libre, secreto y obligatorio...”.

¿Libre y obligatorio al mismo tiempo? Nadie debe imponerme cómo votar; pero ¿puede alguien imponerme votar?

Es más seria la intromisión en el fundamento del derecho que aquella en el ejercicio del derecho. La base del ejercicio del derecho es el derecho mismo. 

La libertad de decidir si uso o no mi derecho es la raíz moral de este. Arrancada esa libertad de raíz, ¿cómo puedo tomar en serio el ejercicio de esa obligación?

¡No estamos preparados!, se dirá. ¡Caeríamos en manos de los partidos organizados! ¡Los terroristas se organizan mejor y ellos arrasarían en las elecciones!

No estaremos preparados para ser libres si no somos libres. La organización no es garantía de triunfo, sino la motivación.

Con autoridades como las que tenemos ahora hay menos motivación. ¡Pero ellas son el resultado de la obligatoriedad! 

El argumento detrás de esta posición es: el peruano es tonto, flojo e irresponsable. Mejor, lo obligamos a ir a votar. Y mejor, obligamos más a los más pobres, porque ellos son más tontos.

El trasfondo de esta posición es inaceptable.

Habrá una mejor elección cuando seamos libres. El voto libre no vendrá de un decreto o una reforma gubernativa. Vendrá de un proceso de adaptación y aprendizaje.

El punto inicial para el cambio es reconocer que tenemos el derecho, no la obligación, de elegir a nuestras autoridades. A partir de ahí, todo puede cambiar. Sobre todo, la calidad de los resultados.

No es el momento

Raúl Castro / Presidente del PPC

El Perú es, sin duda, uno de los países donde sus ciudadanos tienen uno de los menores índices de acatamiento de las normas legales. Estos desconocen, incumplen o buscan formas creativas para eludir las leyes que norman los aspectos más elementales de nuestra sociedad. La escasa conciencia cívica no se ha ido incrementando. Por el contrario, ha crecido la informalidad y el comportamiento antisistema. En este contexto, el voto obligatorio es una de las pocas características que nos sigue uniendo y que nos hace participes de ciudadanía; y que, conforme se produzca un proceso de maduración democrática, nos irá enseñando que debemos ser absolutamente serios y responsables en la toma de nuestras decisiones.

Eliminar el voto obligatorio significaría destruir la poca consistencia cívica ciudadana (y aún de peruanidad) que todavía la enorme mayoría respetamos.

El Perú es un país con una democracia muy débil donde campea la corrupción y un creciente proceso de desinstitucionalización de las entidades públicas (y también privadas en algunos casos), a lo que le sumamos el bajo índice de acatamiento de las normas y el alto grado de improvisación en el manejo de los asuntos públicos. Todo esto genera una difícil gobernabilidad en un país todavía altamente incomunicado físicamente y con desentendimientos y desencuentros entre sus pobladores.

En este contexto, la ingobernabilidad es un peligro creciente que afecta el orden interno y la estabilidad que el país necesita para crecer y desarrollarse. Además de generar precedentes sobre la imposición de hechos ilegalmente consumados a las autoridades de turno. Así tenemos que estas son elegidas por los ciudadanos y en algunos casos revocados por ellos en una comedia democrática cuando estos no han alcanzado un porcentaje importante de apoyo popular. Por ello, la legitimidad de las autoridades para generar gobernabilidad y acatamiento es fundamental; un alcalde elegido con el 30% de los votos sobre una votación en la cual solo el 40% de la población ha concurrido a votar es políticamente insostenible en el Perú. Esta afirmación no requiere mayor investigación, pues es pan de cada día, y si lo trasladamos a la elección presidencial o parlamentaria la cosa simplemente se repite.

Pero la razón principal es “la igualdad ante la ley”. El esnobismo hacia el voto voluntario o facultativo promovido por algunos sectores se sustenta fundamentalmente en que una gran parte de la población no tiene suficiente criterio para decidir libre y conscientemente por quien votar. Es decir, es un ciudadano de segunda categoría.

Mientras en el Perú subsista la mala educación, el analfabetismo, la marginación de sectores tan amplios de la población, la pobreza y la falta de oportunidades, así como la imposibilidad de informar adecuadamente a los ciudadanos de sus derechos, deberes y obligaciones, no es posible el voto voluntario, pues se convierte en un mecanismo desintegrador donde las autoridades carecerán de legitimidad y en el que el sistema irá cada vez vaciándose de contenido y de dignidad hacia la persona humana. La tan mentada igualdad lamentablemente no existe todavía.

En países vecinos ya se ve críticamente el voto voluntario. No es lo mismo el voto facultativo en un país desarrollado que en un país como el nuestro.

Simplemente no es el momento.

1. Raúl Castro / Presidente del PPC
2. No es el momento