Lucha contra la pobreza: ¿cómo avanzamos?

En mi última columna, “Alertas que no deben minimizarse” (enero del 2024), analizamos la evolución de la pobreza en el Perú durante este milenio y llamamos la atención sobre el deterioro de las condiciones de vida de millones de peruanos. El patrón de pobreza peruano se ha complejizado y hoy enfrentamos un doble desafío: el recrudecimiento de la pobreza rural y el crecimiento de la pobreza urbana. Asimismo, ya desde el 2022, la tendencia al alza de la pobreza es clara. ¿Cómo encuentra este complejo desafío a la gestión pública peruana?

En las últimas tres décadas, el Perú amplió la cobertura de servicios públicos universales y focalizados, y estableció un nuevo marco institucional para las políticas sociales que tuvo como hito la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el 2012. Sin embargo, las estrategias de superación de pobreza y los programas sociales fueron diseñados para responder a los bolsones de pobreza rural. En consecuencia, el Estado Peruano cuenta con una importante experiencia de intervención en ámbitos rurales, lo que le brinda una base para mejorar y escalar estrategias multisectoriales (agricultura, vivienda, salud, educación). Si bien queda mucho por hacer para responder al recrudecimiento de la pobreza rural, atender la creciente pobreza urbana constituye un pendiente de larga data para la política social peruana. Sin embargo, no contamos con capacidad instalada ni con una estrategia clara para responder a la pobreza en las ciudades.

Por ello, es prudente evitar cantos de sirena que ofrecen soluciones rápidas, pero no eficaces, sostenibles, ni tampoco aterrizadas en la realidad de la gestión pública peruana. La situación de los hogares rurales y urbanos no se transformará con la entrega de un bono aislado o una canasta de alimentos esporádica, pues requieren un soporte de protección social sostenido y acceso a oportunidades de generación de ingresos. Asimismo, esperar que programas sociales resuelvan problemas estructurales no es realista, sin que esto reste importancia a la mejora de su efectividad e impacto. Por otro lado, la inacción y la inercia –desde la clase política y desde la gestión pública– tampoco son opciones frente a la tendencia al alza de la pobreza y su recrudecimiento en diferentes regiones del país.

¿Cómo avanzar? Aquí destaco tres elementos para sumar a una agenda mínima en el corto plazo. Primero, incrementar el peso político de la agenda de lucha contra la pobreza y garantizar una mejor coordinación dentro del aparato público. Esto nos remite al rol de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS-PCM): ¿cuáles son sus prioridades en los próximos meses orientadas a la entrega de servicios en hogares en situación de pobreza? Ya contamos con una Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social aprobada en diciembre del 2022, que es necesario aterrizar a nivel regional. Asimismo, es importante fortalecer el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas, pues las políticas económicas y las políticas sociales no deben ir por cuerdas separadas. Frente al actual escenario económico, las políticas de lucha contra la pobreza deben mejorar la calidad de la inversión, la efectividad de los instrumentos y la focalización, para atender de manera sostenida a los hogares más pobres y vulnerables.

Segundo, mejoremos los programas sociales que tenemos. Los programas de transferencias monetarias son un instrumento potente si cuentan con un diseño claro, adecuada focalización y sistemas de monitoreo y seguimiento. Hace mucho está pendiente ajustar el monto de las transferencias monetarias de los programas Juntos y Pensión 65 de acuerdo con la inflación, pues estos no han variado significativamente desde su lanzamiento. Asimismo, ambos programas cuentan con planes de ampliación debidamente focalizados y sustentados que son un importante avance para impulsar una expansión de cobertura responsable, sostenible y transparente. Un tema que amerita especial atención es la situación de los programas sociales vinculados a la asistencia alimentaria. En los últimos meses, se han reportado denuncias sobre la calidad de los alimentos distribuidos y los riesgos de un uso político que constituyen una alarma sobre la importancia de garantizar mecanismos de vigilancia y transparencia para evitar casos de clientelismo.

Tercero, la compleja situación política del país no debe seguir afectando la capacidad de innovación de la gestión pública peruana, sobre la que existen casos de éxito y lecciones aprendidas. Si bien contamos con un conjunto de programas sociales y de desarrollo productivo con importante experiencia a nivel nacional, las soluciones existentes en la gestión pública se quedan cortas frente al cambiante patrón de la pobreza nacional. Por ejemplo, se requiere crear soluciones para la pobreza urbana vinculadas a la empleabilidad, así como respuestas específicas para territorios altoandinos y amazónicos. Aquí yace una importante oportunidad para impulsar innovaciones colaborativas entre entidades públicas, academia, sector privado y sociedad civil. Los laboratorios de innovación existentes en algunas entidades públicas pueden sumarse identificando ventanas de oportunidad. Asimismo, instituciones como Concytec cuentan con una valiosa experiencia en transferencia tecnológica que pueden aportar para desarrollar una agenda de innovaciones en política social orientadas a la creación de nuevas soluciones escalables y con cable a tierra en la gestión pública. A futuro, es necesario que el Perú asuma el reto de construir un sistema de protección social eficiente, centrado en los riesgos que enfrentan los ciudadanos a lo largo de su ciclo de vida y no solo en su condición laboral. Por ejemplo, la atención a los adultos mayores (pensiones) o las respuestas a riesgos por enfermedades (sistema de aseguramiento de salud).

Nota de la autora: Esta columna recoge algunas ideas desarrolladas en el documento “Lucha contra la pobreza. Agenda mínima para acción urgente”, elaborado para el Consorcio de Investigación Económica y Social en el marco del proyecto “Construyendo diálogo democrático”.