La caída de Vladimir Cerrón

Muchos procesos, algunas acusaciones y casi ninguna condena. Esa era la suerte judicial de Vladimir Cerrón hasta hace pocos días que la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Junín confirmó su condena a tres años y medio de cárcel efectiva, por el delito de colusión desleal en el marco de la adjudicación directa al llamado Consorcio Regional Wanka, sin concurso público alguno, de la construcción, administración y operación de un aeródromo en Sicaya y Orcotuna (Junín), un proyecto carente de viabilidad técnica y económica. Pese a ello, Cerrón lo promovió y patrocinó con determinación. Una inversión que ascendía a S/403 millones, el 80% a ser financiado por el consorcio privado y el 20% restante por el gobierno regional. El contrato se firmó, la obra nunca se ejecutó, pero incluía una insólita penalidad del 0,5% del valor de la inversión a favor del consorcio por esa no ejecución, equivalente a más de S/2 millones y que implicó un perjuicio potencial para el erario público, como concluye la sentencia condenatoria que, por decir lo menos, es bastante benévola porque el delito de colusión tiene una pena de hasta 15 años de cárcel.

Cerrón ya había sido condenado en el 2019 por negociación incompatible, a propósito de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de La Oroya”, por favorecer al consorcio Altiplano con S/850.000. El juzgado le impuso cuatro años y ocho meses de cárcel efectiva y, aunque la Sala Superior confirmó la sentencia, rebajó la pena a cuatro años y dispuso que no se cumpliera en prisión, sino bajo reglas de conducta, manteniendo la inhabilitación para ejercer la función pública. Esta sentencia fue especialmente perjudicial para Cerrón, porque fue cesado como gobernador regional de Junín, cargo que había asumido ese mismo año, y en el 2021 fue excluido por el JNE de la plancha presidencial de Perú Libre, en la que postulaba como vicepresidente junto con Pedro Castillo y Dina Boluarte. Cerrón era el “dueño” del partido, pero estaba inhabilitado para todo cargo político. No pudo disfrutar de esas conquistas electorales de Perú Libre.

Por ello, nunca se conformó con esta condena. Cerrón recurrió a la Corte Suprema vía casación, pero fue derrotado. El 9 junio del 2021, ganó un hábeas corpus en un juzgado de Acobamba que dejó sin efecto la condena, pero la Segunda Sala Penal de Huancavelica revocó esta decisión el 28 de ese mismo mes por su manifiesta ilegalidad, una decisión convalidada por el Tribunal Constitucional al rechazar los recursos de Cerrón en octubre del 2021. Mediante un segundo hábeas corpus, en agosto del 2023, el Tercer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima anuló los fallos de la Sala Superior y la Corte Suprema, aunque dejó subsistente la condena del juzgado del 2019, pero suspendió la ejecución de la misma, decisión polémica que ha sido apelada ante la sala superior.

Aunque Cerrón ha logrado contener en estos años las decenas de investigaciones en su contra e incluso mitigado los efectos de esa primera condena por el Caso La Oroya, la reciente condena por el aeródromo Wanka lo ha llevado a la clandestinidad y a ser incluido en el programa de recompensas para promover la delación de su paradero. En términos del “viejo y salvaje Oeste”, podría decirse que “su cabeza tiene precio”.

Sin poder, fuera del Gobierno, prófugo de la justicia, con sus bienes congelados o embargados en los diferentes procesos y por las condenas en su contra, la carrera de Vladimir Cerrón ingresa ahora en el ocaso, en la conocida ruta de otros exgobernadores como Gregorio Santos o César Álvarez, quienes purgan condenas y aún enfrentan procesos en los que nuevas condenas pueden caer como fichas de dominó