La discusión sobre el presupuesto educativo ha dejado al descubierto una realidad que el país no puede seguir tolerando: decisiones que comprometen el futuro sin análisis ni evidencia. El presupuesto del 2026 no se alinea con los enormes desafíos del sector; peor aún, está mal orientado, reduciendo a un gasto mal asignado lo que debería ser la mejor inversión del Perú.
Para el 2026, el presupuesto público asciende a S/257.562 millones. De ese total, Educación recibe S/49.424 millones, un nivel muy superior al de hace una década. En el 2014, el sector tenía alrededor de S/23.000 millones. Sin embargo, la mayor parte de ese incremento se ha concentrado en las remuneraciones de docentes, que hoy representan más del 70% del gasto. Mejorar el salario de los docentes era necesario, pero ese esfuerzo fiscal debía acompañarse de una política sólida que asegurara mejoras reales en los aprendizajes. Hoy no sabemos si ese aumento se traduce en estudiantes que leen mejor, permanecen en la escuela o desarrollan las competencias que el país necesita.
Mientras tanto, aquello que sí tiene evidencia está siendo debilitado. La educación intercultural bilingüe, que atiende a más de un millón de niñas y niños, enfrenta recortes que afectan continuidad y calidad del servicio. En un país donde seis de cada diez estudiantes rurales no comprenden lo que leen y donde el analfabetismo afecta al 13% de la población rural, esta decisión resulta incomprensible.
La educación técnico-productiva y el fortalecimiento de los institutos también pierden recursos justo cuando más de 1,4 millones de jóvenes no estudian ni trabajan. Frenar su fortalecimiento es cerrar oportunidades que el país no debería negar.
La situación de Beca 18 se suma a esta preocupación. En los últimos años, el programa ha otorgado alrededor de 5.000 becas por convocatoria, pero el presupuesto del 2026 reduce aún más su capacidad real. Aunque se anunció la intención de ampliar la cobertura, los recursos asignados no lo respaldan; por el contrario, hoy el financiamiento alcanza para otorgar menos becas que antes, debilitando una política de educación superior con evidencia de alto impacto en movilidad social.
A ello se suman recortes y paralizaciones en soporte pedagógico, continuidad escolar, formación docente y mantenimiento e infraestructura educativa. El Perú aún tiene más de 1,3 millones de personas adultas que no saben leer ni escribir, una brecha que debería movilizar al Estado, no justificar recortes. Todos estos programas cuentan con evidencia y atienden necesidades urgentes. Desfinanciarlos es retroceder cuando el país más necesita avanzar.
Corregir este presupuesto no es un favor al sector; es una obligación con el país. La educación es nuestra mejor inversión. Gestionarla como gasto es un lujo que el Perú no puede darse ni un año más.
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