Los fiscalizadores dormidos

“Nos dormimos con ese tema”. Así lo reconoció la congresista María del Carmen Alva cuando fue consultada por Mario Ghibellini en Canal N sobre la demora en la inhabilitación del Parlamento contra Pedro Castillo y Betssy Chávez.

El Congreso ha caído en el mismo problema que suele criticarle a la Fiscalía de la Nación en sus pesquisas: demoras excesivas en sus procesos y selectividad en los casos a investigar.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) acumula una serie de deficiencias en el tratamiento de las denuncias que tiene hasta la fecha. No existe un orden cronológico para la atención de casos, sino que avanzan según el criterio –o, mejor dicho, interés político– de la presidencia de turno.

Incluso bajo este último criterio, la SAC se durmió en varios casos –dejando pasar años–, como el de Salvador del Solar, en el que finalmente en el grupo reconocieron su error archivando la denuncia. El caso de Martín Vizcarra fue el único en el que atinaron con una denuncia a tiempo, aunque impulsados por ánimos electorales.

¿En qué se concentró la SAC? En archivar los casos de mochasueldos que llegaron con denuncias de la propia fiscalía.

Queda claro que Alianza para el Progreso ha buscado retener dicho grupo de trabajo durante los últimos tres años con el único fin de tener el poder de a quién sancionar y a quién no. Con ese poder, APP ha podido salvar del desafuero a sus congresistas –y otros aliados– de las denuncias por recorte de sueldo a sus trabajadores. La SAC ha sido la única comisión que no ha rotado de presidencia durante los últimos tres años.

La máxima responsabilidad de la demora en los casos de Pedro Castillo y Betssy Chávez recae en el mismo APP, que opera según sus miopes intereses políticos. Esto ha permitido que se produzcan casos inéditos como que Chávez, partícipe del intento de golpe de Estado contra el Congreso, ahora pretenda ser contratada en un despacho legislativo.

La Mesa Directiva también ha demorado en zanjar el tema de la contratación. Existe un precedente con el caso de Edgar Alarcón, cuyo intento de contratación en una comisión investigadora, en el 2021, fue dejado sin efecto por encontrarse suspendido por el pleno. Es lo mismo que ahora sucede con Betssy Chávez, y estamos ante un caso sencillo: no se puede contratar a alguien que ha sido sancionado por la máxima instancia legislativa.

APP y sus aliados han mostrado una permisividad preocupante con la izquierda radical –no solo en la fiscalización, sino también en el terreno legislativo– bajo el criterio de que eso les dará cabida electoral en el sur. Otra muestra más de la miope mirada política con la que opera en el Congreso y que lo mantiene con la incertidumbre respecto a si lograrán pasar la valla electoral en el 2026.