
En 1992, realicé un viaje a Montevideo por invitación del embajador Juan Álvarez Vita, íntimo amigo que me recibía en su departamento unos días. Durante el trayecto en el taxi, el conductor me dijo que en ese año había ocurrido un asesinato en la capital, al escucharlo sonreí, no sé si con algo de incredulidad o de sana envidia, porque por aquella época mi país ardía en llamas debido a los crímenes de Sendero Luminoso y a los enfrentamientos entre estos asesinos que justificaban sus crímenes recurriendo a razones ideológicas contra las Fuerzas Armadas, la policía y las rondas campesinas.
Ahora, luego de 33 años de capturado Abimael Guzmán, la sociedad peruana está amenazada por la violencia delincuencial, pero con la particularidad de que los móviles de estos grupos criminales no son políticos, sino económicos: buscan controlar territorios y utilizan la extorsión. Además, buscan infiltrar al Estado e incursionar en la política para controlar el poder, con miras a tener un narco-Estado a su servicio. Como todo asesino, desprecian la vida del prójimo y están siempre dispuestos a matar.
En nuestro país se comete un homicidio cada tres horas y esta tendencia irá creciendo, pudiendo superar en más del 10% al del año pasado, dato que recojo de un informe escrito por el periodista Carlos Gonzales de este Diario. Asimismo, la periodista Abby Ardiles cita al exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) Juan Carlos Liendo, quien explicó “que el alza de casos de homicidios está relacionada al proceso de consolidación del poder territorial de las franquicias del crimen internacional organizado ante la ineficiencia del Estado para responder a la ola criminal”.
Precisamente, a pesar de los estados de emergencia que no han dado resultados, una de las principales funciones del Gobierno es brindar seguridad a la ciudadanía, pero esto no basta, también la sociedad civil debe organizarse contra la delincuencia. Por eso las protestas masivas son un importante indicador de lucha y también que un grupo de partidos se hayan unido para presentar propuestas en el mismo sentido. Estos hechos son una buena señal. Por eso deben crearse mecanismos que vinculen y mejoren las relaciones entre la sociedad civil y el Estado.
Aunque vivimos en una situación de incredulidad hace tiempo, esperemos que lo dicho por el nuevo ministro del Interior, Julio Díaz, sobre que de aquí a tres o cuatro meses los peruanos podamos vivir más tranquilos, se cumpla. Y creo que este es el único objetivo en el que se debe centrar este gobierno, pero sin imponer arbitrariamente una “franja” informativa porque es un atentado grave contra la libertad de prensa y una intromisión en sus pautas informativas que afecta la independencia editorial. La seguridad es básica para la vida, el progreso económico, el desarrollo social y la consolidación de la democracia. Si no logramos derrotar a la delincuencia, el Perú seguirá sumido en una espiral de inseguridad de muy graves consecuencias, seguiremos en llamas, sin gozar de la paz hija de la justicia.

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