San Lorenzo y El Frontón

Hace unos días, la presidenta Dina Boluarte anunció la construcción de un penal para reos de alta peligrosidad en la isla El Frontón, sobre las ruinas del que operó hasta la década del 80. La noticia ha generado un intenso debate sobre la pertinencia de la ubicación, la eficacia de la inversión y, sobre todo, la visión de futuro que se proyecta sobre estos importantes espacios naturales. Este artículo busca analizar el anuncio desde una perspectiva urbanística y ambiental.

Las islas San Lorenzo y El Frontón son espacios de alto valor simbólico, ecológico y paisajístico. San Lorenzo alberga vestigios arqueológicos declarados Patrimonio Cultural de la Nación, y ambas forman parte del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt (PNUD, 2024). Son territorios ligados a la historia de Lima y El Callao, frecuentemente representados por viajeros y cronistas, y constituyen hitos del imaginario colectivo de la ciudad.

Precisamente por ese valor han sido objeto de múltiples propuestas estratégicas en las últimas décadas. En 1999, mediante la Resolución Suprema 062-99-PE, se aprobó la promoción de un megaproyecto logístico en San Lorenzo, que contemplaba un puerto de gran calado, un aeropuerto internacional, áreas turísticas e inmobiliarias, además de un puente de conexión con el Callao. En el 2006 se presentó un proyecto de ley que presentaba a la isla como cabecera de un corredor bioceánico que conectaría el Callao con Pucallpa y el océano Atlántico. Esta idea fue recogida por el Gobierno Regional del Callao en el 2007, quien intentó promoverlo a través de una iniciativa privada. Unos años después, mediante la Resolución Suprema 057-2009 y el Decreto de Urgencia 001-2011 se relanzó el proyecto incluyendo a la isla El Frontón. En el 2020 el Congreso reactivó la discusión, subrayando el potencial de las islas para actividades portuarias y logísticas de escala continental.

Por su parte, en el recientemente aprobado Plan Metropolitano del Callao al 2040 se declara a los archipiélagos como suelo de conservación, con la finalidad de priorizar la protección de los ecosistemas, el patrimonio arqueológico y su valor paisajístico. Se permiten desarrollos turísticos, educativos, comerciales y portuarios compatibles con esa clasificación.

En este contexto, ¿cómo encaja la construcción de un penal de máxima seguridad en un espacio de alto valor estratégico, turístico, económico y natural?

El riesgo de tomar decisiones trascendentales y de alto impacto sin considerar el contexto geopolítico, ambiental, urbanístico y social es muy alto. Es previsible que los costos y efectos negativos superen los beneficios esperados, comprometiendo grandes proyectos estratégicos y el desarrollo futuro de la ciudad.

Asimismo, resulta preocupante que el gobierno ignore un instrumento rector de planificación como el Plan de Desarrollo Metropolitano, elaborado por la Municipalidad Provincial del Callao con el apoyo técnico de la Municipalidad Metropolitana de Lima y el financiamiento del Ministerio de Vivienda, con el apoyo técnico de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pues es el mismo Ejecutivo el que promueve la planificación territorial, urbana y rural como la base concertada para la inversión pública y privada. Paradójicamente, la Presidencia del Consejo de Ministros está socializando el reglamento de la Ley de Ordenamiento Territorial, que busca reforzar la gobernanza de las regiones y gobiernos subnacionales sobre sus territorios.

No es coherente promover la planificación y, a la vez, desestimarla en decisiones de esta magnitud.

Finalmente, es importante comprender que la delincuencia no es un problema aislado, sino que es un fenómeno social complejo que surge como consecuencia de políticas y leyes inadecuadas, potenciadas por la precariedad e inestabilidad de las instituciones, que ha generado un contexto propicio para su expansión. No es casualidad que los delitos, extorsiones y asesinatos hayan aumentado significativamente en los últimos años, superando cualquier medición anterior. Entonces, más que anunciar proyectos de dudosa viabilidad, corresponde centrar las acciones en políticas integrales y sostenibles que aborden las causas estructurales de la delincuencia, sentando las bases para que en un futuro podamos salir a la calle sintiéndonos seguros.