Editorial El Comercio

La ligereza para nombrar y licenciar en pocos días a los responsables de tareas muy importantes en el Ejecutivo se ha convertido en uno de los problemas más serios del gobierno encabezado por la presidenta . Primero fue el caso del presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, que no duró ni 12 días en el cargo. Y ahora, el del coronel EP(r) , que ha tenido que renunciar al puesto de jefe de la (Dirección Nacional de Inteligencia) solo dos semanas después de haber sido designado.

De acuerdo con la información de fuentes allegadas a Palacio, la continuidad de Liendo estaba siendo evaluada por la mandataria y su actual jefe del Gabinete, Alberto Otárola, hacía días; pero la forma en que finalmente la renuncia se produjo sugiere, por lo menos, el manejo desmañado de una situación muy delicada.

El desencuentro se habría suscitado, aparentemente, a raíz de unas declaraciones del ahora exjefe de la DINI sobre las protestas violentas posteriores a la juramentación de Boluarte como jefa del Estado. Según él, “en cada lugar en donde se ataca a la policía y a las fuerzas del orden hay un objetivo político, y eso se llama insurgencia terrorista”. Un punto de vista no compartido ni por la presidenta ni por su primer ministro.

La crisis que ello suponía, sin embargo, no se enfrentó de manera interna, como habría cabido esperar, sino a través de una desautorización en la prensa. Durante una entrevista publicada dos días atrás en “La República” y en directa alusión a las declaraciones mencionadas, la gobernante señaló, en efecto, que se estaba viendo la probabilidad de retirar a Liendo del cargo. Y ante esa aseveración, como es obvio, al personaje en cuestión no le quedó otra opción que anunciar y luego materializar su renuncia. En su carta, además, puntualizó que lo hacía “en razón de serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a ley”.

Desde el Ejecutivo se ha intentado justificar lo abrupto del episodio recordando que Liendo fue nombrado durante la efímera gestión de Angulo, lo que podría hacer pensar en una decisión que no contó con su aprobación directa. Pero lo cierto es que la mandataria se pronunció públicamente el 18 de diciembre sobre la llegada del coronel EP en situación de retiro a la jefatura de la DINI en términos que permiten descartar esa eventual presunción. En entrevista con el programa “Punto final”, ella reveló que lo había entrevistado y le había parecido una persona proba. “Me parece una persona idónea, he visto su hoja de vida”, anotó.

Esa opinión positiva, por supuesto, pudo haber cambiado a la luz de los hechos aquí recogidos, pero bajo ninguna circunstancia el modo de comunicar el eventual retiro de la confianza a quien encabezaba una entidad trascendental para la seguridad del país era ventilándolo en un medio de comunicación.

De acuerdo con las fuentes antes mencionadas, el hecho de que el cambio se haya dado cuando estaban por reactivarse las protestas en diversos puntos del territorio nacional “es una coincidencia”. En un trance como el actual, no obstante, una recomposición así de sensible no puede ser librada al azar. Lo cierto es que nombrar y remover a un jefe de la DINI en menos de 20 días y en medio de un contexto difícil ha sido un desacierto del Gobierno por donde se lo mire.

Ayer se conoció que el reemplazante de Liendo en el puesto es el coronel PNP (r) Roger Arista Perea, y es de esperar que en esta ocasión los responsables de su designación hayan hecho un trabajo minucioso de evaluación previa, porque lo último que necesita la administración que lleva adelante la señora Boluarte es un nuevo traspié en este terreno. Como reza una expresión que la tradición atribuye a Napoleón Bonaparte, lo que toca a este respecto en las presentes circunstancias es ir despacio, pues tenemos prisa.