En nombre de la democracia

En las últimas semanas, a medida que la situación legal del jefe del Estado se ha complicado por las múltiples investigaciones que el Ministerio Público ha abierto contra él –ya van seis– y su entorno cercano, el Ejecutivo se ha entregado de lleno a defenderlo.

Así, desde el Gobierno se viene impulsando una narrativa según la cual ellos, y sobre todo el mandatario, son víctimas de una conspiración antidemocrática entre los medios de comunicación, el Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial, que buscaría deponerlos del poder. Según este relato, además, el régimen y sus allegados se han erigido como los auténticos defensores de la democracia que harán todo lo posible por preservarla. Este montaje incluso ha llegado al punto de que el vocero del Gobierno y ministro de Trabajo solo a tiempo parcial, Alejandro Salas, aseguró que Yenifer Paredes, cuñada del presidente e investigada por pertenecer a una presunta organización criminal, se había “sacrificado por la democracia” al ponerse a derecho luego de estar una noche prófuga y de que el Ejecutivo evidentemente intentara protegerla.

La realidad, sin embargo, es que esta estrategia apunta a todo lo contrario a lo que el Ejecutivo asegura procurar, toda vez que, más bien, se vienen socavando los cimientos institucionales de nuestra democracia en nombre de ella. Ello no solo por lo que el presidente y su equipo dicen, sino también por el efecto que esperan que tengan sus palabras y por la manera en la que se han comportado desde que empezó su gestión.

El discurso del Gobierno, por ejemplo, coloca al Ministerio Público como uno de los principales villanos, una circunstancia cuando menos inquietante al tratarse de un ataque, desde uno de los poderes del Estado, contra un organismo constitucionalmente autónomo. La denuncia, si bien pretende dañar la credibilidad de las investigaciones contra Castillo y sus allegados, busca poner en tela de juicio la cualidad fundamental de esta entidad: su imparcialidad. En fin, en nombre de la defensa del presidente, se está buscando infligirle un daño profundo a un componente clave de nuestro sistema de justicia.

Y la narrativa impulsada por el Ejecutivo también parece tener el objetivo de ser una especie de coartada anticipada por los excesos que puedan quererse cometer en nombre de la “defensa de la democracia”. Los cónclaves en Palacio con forofos de esta administración son una muestra de ello, con el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, y los ministros que aspiran a sucederlo empeñándose en azuzar a los participantes para “poner de rodillas” a los que llaman golpistas. Todo ello se hace, además, con el empleo de recursos públicos, que incluyen desde la infraestructura de la sede gubernamental hasta los medios oficiales.

Pero los embates que hoy, ante la desesperación, el presidente y sus adláteres le propinan a la democracia son solo una versión recrudecida de una actitud que, en realidad, ya se exhibía en los orígenes de este gobierno. La falta de transparencia ejercida desde el primer día, la renuencia a conceder entrevistas a la prensa o los ataques a algunos medios de comunicación en particular, la designación de prontuariados, incompetentes y radicales en puestos claves del sector público y con la improvisación hecha hoja de ruta, el daño institucional que se le está haciendo al país es evidente.

Nuestra democracia, sin embargo, contiene mecanismos para protegerse de los arrebatos de un gobernante cada vez más acorralado. Desde el Congreso, por ejemplo, se esperaría que haya reacciones, por lo menos, contra el presidente del Consejo de Ministros, que lleva meses subsistiendo en el cargo a pesar de utilizarlo frecuentemente para atacar a todos los críticos del Gobierno y polarizar a los peruanos. Pero el Parlamento parece haber claudicado a su papel de contrapeso.

En esa línea, somos los ciudadanos los que debemos estar atentos para denunciar los embates contra una democracia en cuyo nombre un grupo de personas está tratando de socavarla.