La justicia no es tonta

Ayer, el juez supremo Juan Carlos Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo. A él, como sabemos, el Ministerio Público lo viene investigando por la presunta comisión de los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación del orden público tras el golpe de Estado que dio el pasado 7 de diciembre. Por este mismo caso, el magistrado dictó también comparecencia con restricciones para el expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres.

La decisión, como era de esperarse, trascendió rápidamente los linderos de nuestro país y empezó a ser rebotada por medios de comunicación a ambos lados del Atlántico. En apenas ocho días, el Perú fue capaz de neutralizar, detener y luego enviar preventivamente a prisión a un gobernante que intentó arrollar la democracia, cerrar el Congreso e intervenir diferentes instituciones autónomas; todo ello sin negarle ninguna de las garantías que le asistían y respetando los procedimientos del mismo Estado de derecho que él intentó dinamitar hace poco más de una semana.

Ya habrá oportunidad para comentar a detalle los argumentos detrás de este fallo al que, sin duda, le calza el adjetivo de histórico. Por el momento, queremos enfocarnos en algunas lecciones importantes que la decisión del magistrado Checkley ha traído consigo. Ello, además, tomando en cuenta el maremágnum de desinformación, datos incompletos y mala fe que algunos simpatizantes del tirano más breve de la historia de nuestra República vienen vertiendo desde hace días dentro y fuera del país.

La primera de todas es que el juez ha valorado que existe una alta probabilidad de que los delitos que la fiscalía le imputa a Pedro Castillo puedan ser ratificados cuando el proceso llegue a juicio. Y ese no es un dato menor tomando en cuenta que no han faltado quienes han intentado calificar la decisión del expresidente de perpetrar un golpe de Estado como una mera “equivocación” o como una “declaración de intenciones” sin mayores consecuencias penales. Además, el mensaje que se da es tan fuerte como coherente: ningún mandatario puede dar un zarpazo contra la democracia y luego pretender salir indemne, aun cuando cuente con poderosos amigos en el extranjero dispuestos a darle una mano mientras, con la otra, se tapan los ojos para no ver lo evidente.

La segunda lección es que el fallo de anoche desnuda las costuras del cuento de la “persecución política” que algunos, como la exministra de Salud y congresista Kelly Portalatino, vienen agitando desde diferentes estrados. A Castillo, desde el momento en el que se lo detuvo hasta ayer, cuando se dictó su prisión preventiva, se le han respetado todos sus derechos y las garantías que el debido proceso les otorga a los ciudadanos. Al punto de que el expresidente ha seguido utilizando sus redes sociales para compartir misivas atiborradas de teorías conspirativas francamente pasmosas y ataques a las autoridades e instituciones peruanas sin que nadie se lo impida.

La decisión del juez Checkley, asimismo, era necesaria habida cuenta de la manifiesta voluntad del frustrado dictadorzuelo de buscar asilo en la Embajada de México y de las muestras que había dado el presidente de dicho país, Andrés Manuel López Obrador, de concedérselo, apelando a lecturas antojadizas y desvergonzadas de lo sucedido el pasado miércoles. Aquí no ha habido, pues, un perseguido por razones políticas que necesitaba refugio en otro país; aquí lo que ha habido es un expresidente que debe responder ante la justicia peruana por los delitos que el Ministerio Público le imputa y que, en este caso, todos los peruanos vimos que se perpetraron en una transmisión por televisión nacional.

Al final, con su decisión de detener por un año y medio más a Pedro Castillo, el Poder Judicial ha demostrado que, a diferencia de tantos otros dentro y fuera de nuestras fronteras, no está dispuesto a tragarse los cuentos que el expresidente y sus acólitos vienen recitando a viva voz para justificar lo que fue un claro intento de derribar el Estado de derecho e instaurar una dictadura en nuestro país. Como dijimos desde este Diario hace ya un tiempo, la justicia debe ser ciega, mas no tonta.