Editorial: Olas y revolcón

El virus responsable del COVID-19 no entiende de política. Ataca con igual ferocidad sin importar los discursos, ideologías o intenciones de quienes estén a cargo del Gobierno. La diferencia la hacen acciones concretas: acceso a vacunas, fortalecimiento del personal médico, mejora de los sistemas de prevención, entre otras. Y en esa prueba ácida –en la que no valen excusas, solo hechos– la administración del presidente Pedro Castillo no ha empezado con buen pie.

Según reportó este Diario, en la primera quincena de agosto se aplicaron 225 mil dosis de vacunas menos que en la primera mitad de julio. El ritmo ha disminuido debido a problemas con los envíos desde los laboratorios, lo que también motivó que se pospusiera la segunda Vacunatón del nuevo gobierno. De acuerdo con el Colegio Médico, durante agosto debían llegar 8 millones de vacunas, pero solo se consiguieron hasta ahora 1,8 millones.

Si bien el rebrote de casos de COVID-19 en el mundo por la variante delta ha puesto presión adicional sobre los países productores de vacunas, desde el Gobierno se pudo hacer más. Según el exministro de Salud Óscar Ugarte, no es suficiente con haber comprado las dosis durante la administración de Francisco Sagasti, sino que hay que tener un trabajo de seguimiento posterior. “Yo puedo haber pagado, pero si no me preocupo de ir, negociar, insistir, no van a llegar sino cuando se les ocurra a ellos [los laboratorios]”, mencionó a El Comercio. El excanciller Allan Wagner se pronunció en similar sentido. Apuntó que estar en permanente contacto con los laboratorios –además de tener coordinación cercana entre los ministerios de Salud, Relaciones Exteriores y Economía– es fundamental.

Por eso los problemas en la cancillería, institución que estuvo la mayor parte de esta semana sin ministro a partir de la renuncia de Héctor Béjar, son también motivo de preocupación. El tiempo que se tomó el presidente Castillo en nombrar a Óscar Maúrtua al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de la abrupta salida del doctor Antonio Quispe del Ministerio de Salud y la falta de claridad sobre las nuevas restricciones que se aplicarán a partir de mañana, son una muestra adicional de la poca capacidad de reacción que está demostrando el Gobierno frente al posible rebrote de contagios y el inicio de la tercera ola.

Según los expertos, esta podría empezar de forma clara en apenas un mes, aunque diversos indicadores ya generan preocupación. Los contagios detectados por prueba molecular, por ejemplo, vienen en aumento desde finales de julio, y el descenso en las hospitalizaciones se ha estancado. En regiones como Ayacucho, Puno, Huánuco y Junín la positividad supera el 15%.

Según la Unidad de Periodismo de Datos de este Diario, además, enfrentamos el problema con pocas herramientas. De los 247 hospitales del segundo y tercer nivel de atención, solo 11 presentan todas las condiciones adecuadas para atender pacientes. De igual manera, el país tiene un serio déficit de camas hospitalarias (tiene poco más de la mitad de las 80.000 que requiere, según estándares internacionales).

Tomando como base la experiencia reciente de otros países a partir de la variante delta, lo que se avecina puede ser muy serio. Este será el reto principal que enfrentará el Ejecutivo en las siguientes semanas. En el actual contexto, un mal manejo de la pandemia significaría –nuevamente– decenas de miles de fallecidos adicionales y un golpe extra a la ya resentida economía nacional. Todo ello, por lo demás, pondría a la administración del presidente Castillo en una posición de suma debilidad política hacia finales de año. No habrá excusas ni posibilidad de culpar a la gestión anterior. Por el contrario, un desempeño exitoso en este campo le daría mayor espacio de gobernabilidad en otras esferas de poder. Aun si no lo ha notado, el futuro del presidente Castillo estará también atado a la tercera ola, y un revolcón más sería nefasto para el país y para él.