Editorial: No incendiemos el país

La coyuntura electoral mantiene al país en vilo y partido en dos. Los simpatizantes de Pedro Castillo (Perú Libre) están convencidos de que se les quiere robar una elección que dan por ganada, mientras que los que apoyan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) creen firmemente que la desventaja de su candidata en el conteo de la ONPE es consecuencia de acciones tramposas del contrincante. Mientras tanto, las actas cuestionadas están en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que necesitará tiempo para decidir sobre cada una de ellas. En suma, un escenario de crispación absoluta en la que los pasos en falso de personas o instituciones con influencia pueden complicar las cosas, justamente lo que ha venido ocurriendo.

Lo último han sido las idas y venidas del JNE con respecto al plazo para presentar recursos de nulidad. Ayer, tras acordar por unanimidad prorrogar la fecha que venció el miércoles, decidió recular (por tres votos contra uno), luego de que múltiples ciudadanos (y los representantes de Perú Libre) cuestionasen la decisión. Una actitud errática, que perjudica su solvencia institucional justo cuando más la necesita, y que genera dudas legítimas en los electores.

Otra muestra de impertinencia fue la llamada del presidente Francisco Sagasti a Mario Vargas Llosa. Aunque difícilmente se puede asegurar que esta acción violó la neutralidad que debe reservar el jefe del Estado, comunicarse con los dos bandos envueltos en el balotaje con el objetivo “de bajar la tensión” puede generar más problemas que soluciones. Una acción que, al generar sospechas, puso en riesgo la investidura de quien las lleva a cabo, de forma gratuita y torpe.

Las consecuencias de estas acciones se vieron de inmediato, cuando se supo de la comunicación del mandatario con el Nobel: más de un líder de opinión y político empezó a sugerir que se censure a Sagasti. Posiciones destempladas y apresuradas que ni siquiera esperaron los descargos del Gobierno y que se quedaron con una versión de los hechos que obviaba los detalles que los protagonistas luego ofrecieron, aclarando que no se buscó forzar a la candidata Fujimori a aceptar una derrota sin que el JNE se haya expresado.

Echar leña al fuego en una coyuntura como esta, abogando –sin verdadero asidero legal– por la remoción del actual gobierno, es una irresponsabilidad casi antipatriótica y hace evidente que se tiene que insistir en exigir calma. Especialmente a aquellos con el poder para influenciar reacciones en algunos ciudadanos.

Los partidos políticos en competencia también tienen que ser prudentes. Que personas como Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, ventile las claras desavenencias al interior de la coalición formada en la segunda vuelta (“algunos invitados no son conscientes de su espacio”, ha dicho), poco ayuda para aliviar a una porción importante del país que valora la moderación por la que algunos voceros de la campaña de Pedro Castillo están apostando. La posición de Cerrón, más bien, sugiere que un potencial gobierno del lápiz estará cargado de desencuentros y, por ende, de inestabilidad.

En este recuento de imprudencias también hay que mencionar a todos los ciudadanos que vienen señalando los hogares de directores de medios o funcionarios públicos como escenarios de protesta. Eso es inaceptable. Son actos de matonería que poco tienen que ver con el ejercicio del derecho a la protesta. Solo hacen más violenta una atmósfera que ya está bastante cargada.

Así las cosas, queda exigir, por enésima vez, que la calma y la prudencia primen sobre todo. A poco más de un mes del cambio de mando, y con los organismos electorales todavía haciendo su trabajo, solo queda esperar y aceptar, como demanda el civismo, los designios del sistema democrático, los mismos que se nutren de la transparencia del proceso, que el JNE haría bien en transmitir en vivo en su totalidad. Todo lo demás resta más que sumar y hará difícil una transferencia pacífica del poder. Que el bicentenario no nos coja con el país en llamas.