Editorial: Solo vale el camino de la ley

Ayer, al 100% de las actas contabilizadas, la ONPE informó que Pedro Castillo mantenía una ventaja de 44.058 votos encima de Keiko Fujimori. Una cifra que explica, por un lado, la escala de la polarización que está viviendo el país y que, por otro, le da sentido a la tensión que persiste entre los ciudadanos, ante la imposibilidad de declarar un ganador hasta que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva las controversias que algunas actas han suscitado y cuya nulidad ha sido exigida por los partidos en contienda.

Lamentablemente, la situación viene siendo utilizada como combustible para discursos que están muy alejados del respeto al Estado de derecho y al orden democrático, a pesar de que, al mismo tiempo, se quiere sugerir que son justamente estos conceptos los que se está buscando defender.

Por ejemplo, el congresista electo por Renovación Popular Jorge Montoya ha dicho en su cuenta de Twitter: “La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina”. Una medida que simplemente no está contemplada en nuestra Constitución. Por otro lado, algunos personajes televisivos han llamado a “tomar” Palacio de Gobierno para lograr el mismo fin, una meridiana invitación al golpe de Estado que no puede ser tolerada.

Lo cierto y lo correcto es que, digan lo que digan las urnas y decida lo que decida el JNE, tiene que ser respetado escrupulosamente. Esa es la obligación de cualquier ciudadano y de quienes aún esperan saber si han sido elegidos para liderar el país; algo que parece no entender el señor Castillo, quien se ha proclamado como presidente en sus redes sociales. Los pasos en el sentido contrario, las acciones que trasciendan lo que mandan nuestras normas, irían en perjuicio de nuestro sistema democrático. Emplear los mecanismos legales para cuestionar cualquier irregularidad que pueda haberse dado durante el proceso electoral es apropiado y corresponde a los derechos que la Carta Magna le reconoce a los que participan en una elección, pero cuando estos se agoten solo queda acatar lo que defina el Jurado. Este, a su vez, debe esmerarse por actuar sin formalismos que limiten la transparencia, ingrediente básico para saber cómo han votado los peruanos y resolver las dudas que pueda haber.

Asimismo, resulta pernicioso que excandidatos a la presidencia, como Julio Guzmán del Partido Morado, declaren un ganador sin que la máxima autoridad electoral se haya pronunciado en ese sentido. Eso también es pasar por encima de las autoridades y del proceso que aún está en curso.

Dadas las circunstancias, es importante remarcar que tanto Perú Libre como Fuerza Popular han asegurado que aceptarán lo que decida el JNE. Aníbal Torres, asesor jurídico del partido que tiene como candidato presidencial a Pedro Castillo, ha dicho que la eventual decisión “se tiene que respetar”. Por su lado, Julio César Castiglioni, asesor legal de Fuerza Popular, ha aseverado: “Vamos a agotar la instancia jurisdiccional del JNE y ahí terminará el tema”.

Por supuesto, del dicho al hecho, hay un gran trecho. Quien resulte como perdedor de esta contienda no solo tendrá que aceptar el desenlace, sino también cargará con la responsabilidad de transmitir calma a sus simpatizantes y facilitar la transición ordenada y pacífica del poder. La democracia se expresa en las leyes, pero tiene que reafirmarse en las personas que participan de ella.

Por el momento solo queda esperar y la calma y la ponderación tienen que primar. Anunciar fórmulas inconstitucionales o golpes de Estado como acciones posibles para sacarnos de esta situación es inaceptable, tanto como anunciar ganadores donde todavía no los hay.