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Editorial: Dejar hacer, dejar pasar

La convocatoria a elecciones regionales y municipales está próxima y pocos en Lima se han preocupado de ello.

Editorial

elecciones regionales

Este martes es la fecha límite para que las organizaciones políticas que deseen participar en las elecciones regionales y municipales se inscriban en el Jurado Nacional de Elecciones. (Foto: El Comercio)

Mientras la vida política de la capital permanece agitada y con la resaca de un tumultuoso período de fiestas, esta semana se cumple el plazo para que las organizaciones políticas que quieran participar en las elecciones regionales y municipales de octubre se inscriban en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Los partidos de aspiraciones regionales deberán luego presentar una fórmula de candidatos a gobernador, vicegobernador y miembros del consejo regional.

El largo proceso de descentralización ha traído el acercamiento de la política y de las decisiones públicas a la población de todo el país, y eso es positivo. Sin embargo, también se ha encontrado con varios retos. Uno de ellos es la capacidad y calidad de ejecución de la obra pública. El año pasado, las autoridades regionales y locales fueron responsables por más de S/29 mil millones del presupuesto nacional para inversiones. Diez años antes, esta cifra apenas llegaba a los S/10 mil millones.

Sin embargo, durante el 2017, los gobiernos regionales en conjunto ejecutaron apenas el 65% del presupuesto de inversión, y cinco de ellos no llegaron al 50%. En comparación, en el gobierno nacional –básicamente ministerios– el ratio de ejecución fue poco más de 80%. En parte por este motivo y por las necesidades de la reconstrucción del norte, el presupuesto del 2018 tiene una reasignación de parte del gasto hacia el gobierno nacional.

Aparte de la capacidad de ejecución, otro reto fundamental de los votantes en las siguientes elecciones es el freno a la corrupción. Según la Unidad de Análisis de Información de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, en todas las regiones existen gobernadores y ex gobernadores con procesos por corrupción en la fiscalía y en el Poder Judicial. A junio del año pasado, había además 270 procesos contra alcaldes provinciales y 782 contra alcaldes distritales.

En este contexto, ¿cómo se perfilan las próximas elecciones de octubre? Si las trayectorias de los candidatos a gobernadores regional es son preámbulo, la situación es preocupante. Hace poco más de una semana este Diario publicó un informe en el que daba cuenta de los posibles postulantes en nueve regiones. Entre ellos se encontraban simpatizantes de la minería ilegal, denunciados por alteración del ambiente (contaminación), acusados por corrupción y por apropiación ilícita de aportes, condenados por peculado, etc. Hay, así, pocos motivos para pensar que la elección de este año tendrá mejores resultados que la elección del 2014.

Mañana martes, el Congreso sesionaría para discutir la ley que impide la postulación de sentenciados por delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación sexual. No obstante, los plazos son demasiado ajustados. Según la asociación civil Transparencia, “si hasta el 10 de enero esta ley no ha sido publicada [en “El Peruano”], no será aplicable en las elecciones del 2018”.

En otras palabras, luego de un ciclo de cuatro años para mejorar el sistema de elecciones regionales y locales, el Congreso debate hasta el último día posible –quizá infructuosamente– una reforma a lo mejor parcial. Sobre los otros problemas del proceso electoral próximo –falta de representatividad de los partidos locales, fiscalización del financiamiento de campaña, democracia interna, etc.–, se hizo poco o nada.

Así, mientras la ciudad capital aparece sumida en la coyuntura política que se gestó a finales del año pasado, en el resto del país la vida política avanza velozmente y a espaldas de muchos –incluidas, aparentemente, de las autoridades legislativas responsables del proceso–. Si en cuatro años las cifras de ineficiencia y corrupción locales permanecen iguales o peores que hoy, los votantes no serán los únicos responsables.

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