El pasado 1 de setiembre, en una discreta ceremonia, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Pasco, Ricardo del Pozo, tomó juramento al abogado Walter Ayala como juez supernumerario y flamante integrante de una sala de apelaciones de dicha región. El nombramiento es temporal –busca llenar la plaza dejada por un magistrado que presidirá el JEE de Pasco de cara a las elecciones del próximo año– y habría pasado desapercibido de no ser por la identidad del nuevo magistrado.
Con todo el torrencial de denuncias de corrupción que se destaparon durante el breve gobierno de Pedro Castillo, muchos han olvidado ya el denominado Caso Ascensos. Este Diario, ciertamente, no. En buena cuenta, se trató del primer escándalo en el que se vio un intento claro del entonces presidente por usar su poder para favorecer a allegados suyos que terminó con las destituciones de las cabezas del Ejército Peruano y la Fuerza Aérea –los generales José Vizcarra y Jorge Luis Chaparro, respectivamente–, quienes implicaron al entonces ministro de Defensa, Walter Ayala, en la trama. Según Chaparro, por ejemplo, días antes de que su institución definiera el cuadro de ascensos, Ayala lo citó en su oficina, le explicó que debía ascender a ciertos oficiales y le dejó en claro que el pedido “venía de arriba”. Por este caso, la fiscalía allanó la vivienda de Ayala a finales del 2021 y este renunció cuando el Congreso se disponía a interpelarlo.
Ya fuera del puesto, Ayala volvió a la escena pública meses después como abogado de Pedro Castillo, e incluso cuestionó que este último haya sido detenido por dar un golpe de Estado el 7 de diciembre del 2022. Por este caso, Ayala cargó contra el Poder Judicial que hoy integra asegurando que faltaban jueces valientes para liberar a Castillo y lamentando que la justicia peruana fuera “muy básica”.
Es verdad que no existen impedimentos legales para que alguien con los antecedentes de Ayala sea juez (y en este caso, el Congreso tiene una gran responsabilidad por tener más de dos años congelada la denuncia que presentó la fiscalía en su contra). Pero también es verdad que uno espera que quienes se encargan de administrar justicia sean personas que, cuando menos, no estén implicadas en casos de corrupción o sepan reconocer un intento de quebrar el orden constitucional cuando lo ven. Si los criterios para nombrar magistrados en el país no contemplan estas cosas de sentido común, pues es obvio que hay que cambiarlos.
Lamentablemente, en el Perú, quien perdió un puesto de poder por estar implicado en una trama de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas termina, pocos años después, siendo ascendido él mismo de abogado a juez.
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