Editorial: La estela de la imprudencia

El jueves, el Congreso aprobó por insistencia el dictamen que permite el retiro de hasta S/17.600 de las cuentas en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para todos los afiliados. En el proceso, el Legislativo solo se allanó a dos de las tres observaciones que había planteado el Ejecutivo, dejando de lado la que limitaba la posibilidad de retiro a las personas que no han registrado aportes en los últimos tres meses. Frente a ello, como adelantó el ministro de Economía, Waldo Mendoza, la semana pasada, lo más probable es que el Gobierno interponga una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) para dejar sin efecto la norma.

Ante esa posibilidad, cuatro parlamentarios –Cecilia García (Podemos Perú), José Vega (Unión por el Perú), Wilmer Bajonero (Acción Popular) y César González (Descentralización Democrática)– le han extendido una seria amenaza al presidente Francisco Sagasti: si se presenta la referida demanda, se buscará su vacancia.

Más allá de lo económicamente descaminado de lo aprobado por el Legislativo, resalta lo absurdo e irresponsable que resulta pretender destituir al jefe del Estado si este decide hacer uso de los recursos que el Estado de derecho le otorga para hacer cumplir la Constitución. En primer lugar, como han señalado los especialistas consultados por este Diario, ello entrañaría emplear la figura de la vacancia de manera incorrecta. En segundo lugar, se trata de una intención que atiza la inestabilidad política en una circunstancia en la que esta está pendiendo de un hilo, a propósito del inminente balotaje.

Sin embargo, sin librar de reproche a los autores de esta bravata, es claro que esta tendencia por utilizar medidas excepcionales como si fuesen recursos corrientes es consecuencia de lo que ha ocurrido en los últimos cinco años: nuestras autoridades empleando la Carta Magna como fuete.

La bancada mayoritaria de Fuerza Popular comenzó todo en el 2017 buscando la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (este renunció antes de que se lleve a cabo el segundo proceso). A ello le siguió, en el 2019, la disolución del Congreso perpetrada por Martín Vizcarra (con argumentos, a nuestro juicio, antojadizos, pero avalados por el TC). Luego, el Parlamento vacó, en el segundo intento del 2020, al señor Vizcarra. Un trance que, en noviembre, devino en la breve y matona administración de Manuel Merino y, tras su renuncia, la asunción de Francisco Sagasti como mandatario.

Un ir y venir que ha terminado por demostrar que, si no se acotan o reforman esos puntos específicos de la norma fundamental, continuaremos sumidos en la inestabilidad. Especialmente si tenemos políticos dispuestos a activar mecanismos tan severos con tan pocos reparos.

De hecho, desde la cancha de Perú Libre, grupo que busca llevar a Pedro Castillo a la presidencia, Vladimir Cerrón ya ha dicho que una de las vías que tienen planeadas para procurar el cambio de la Constitución involucra la disolución del Parlamento tras dos denegatorias de confianza (camino empuñado por Vizcarra en el 2019). Si aún no se sabe siquiera quién se hará del Ejecutivo y ya se contempla derrumbar un poder del Estado, es claro que ahora este tipo de acciones son vistas como trámites razonables para cumplir fines políticos, no como medidas de emergencia. (Aunque hay que decir que este es solo uno de los proyectos antidemocráticos emanados de este grupo político).

Así, es claro que la imprudencia del último lustro ha dejado una estela larga y agitada que los peruanos vamos a tener que seguir tolerando, por lo menos hasta que las autoridades se propongan hacer las reformas concretas que la situación demanda. Pero, para ello, es evidente que necesitamos líderes comprometidos con la democracia y la Constitución.