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El acelerado aumento de modernas edificaciones y constitución de empresas de microfinanzas, constructoras y consorcios que prestan servicios a distintas entidades públicas motivó a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio a investigar al actual gobernador regional de Junín, Ángel Unchupaico Canchumani, y a otras 46 personas.
Estas últimas habrían servido como presuntos testaferros para dar legitimidad a jugosas sumas cuya procedencia indaga hoy el Ministerio Público.
El fiscal Omar Ramírez Julca solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Sociedad de Banca y Seguros que remita toda la información sobre posibles operaciones sospechosas e inusuales que pudieran registrar los investigados
La misma acción tomó con el Colegio de Notarios de Junín a fin de que le facilite las copias legalizadas de minutas o testimonios de escrituras públicas respecto a la compraventa de bienes muebles e inmuebles, operaciones financieras, constitución de sociedades, transferencias de acciones, otorgamientos de poderes o facultades, u otro documento que pudieran haber suscrito ante sus notarías las personas naturales y jurídicas.
Los que también están obligados a dar la información requerida es la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), sobre la posible existencia de bienes, empresas y otros.
En tanto, la Superintendencia Nacional de Migraciones debe remitir el movimiento migratorio de las personas investigadas, teniendo en cuenta que Bryan Wangner Ruffner Molina –actual regidor provincial– y su madre Silvia Molina Cerrón –gerenta de una de las empresas investigadas– viajaron a distintos países.
La carpeta fiscal 2206010103-2015-29-0 precisa que Ángel Unchupaico habría cometido, durante siete años como alcalde del distrito de El Tambo (2007 al 2014), actos ilícitos en las obras de su gestión, en los procesos de otorgamiento de buenas pro en las licitaciones, adjudicaciones directas, selectivas, compras de menor cuantía y especiales.
Entre los investigados como presuntos testaferros, figuran funcionarios y el alcalde del distrito de Chilca, José Auqui Cosme; además de la hermana del gobernador.
Varios de los que aparecen en la lista de investigados trabajan en distintas oficinas del Gobierno Regional de Junín y municipios administrados por el grupo político de Junín Sostenible, agrupación política fundada por Unchupaico.
La fiscalía considera que el gobernador regional sería la cabeza de la organización criminal. Él habría realizado actos de transferencia y conversión de dinero ilícito por aproximadamente S/.63’037.351 utilizando como testaferros a sus allegados.
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