"En Venezuela se han dado procesos electorales democráticos"

La congresista del Frente Amplio Verónika Mendoza cree que la gran transformación del 2011 propuesta por el entonces candidato Ollanta Humala fue estigmatizada y considera que debe haber una nueva Constitución. Se abstiene de calificar de dictadura o democracia al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

—¿Cómo es que se decide a ser precandidata a la presidencia? 
Se dan una serie de condiciones. En primer lugar, un país expectante que espera una alternativa, que no confía en quienes están en el escenario político actual. Y en segundo lugar, encontré las condiciones en una agrupación política verdaderamente democrática, como el Frente Amplio.

—Los antiguos aliados del Frente Amplio los han acusado de estar totalmente en contra de la minería. 
No, la plataforma programática del Frente Amplio no consiste en oponerse por oponerse a la inversión minera ni a ningún otro tipo de inversión. Lo que se plantea es un Estado fuerte, moderno, eficiente, que ponga reglas de juego claras y que garantice principalmente los derechos de los ciudadanos. En el tema energético, las distribuidoras de gas hacen concertación de precios y el Osinergmin no tiene dientes para garantizar que esto no ocurra. En salud, algunas clínicas privadas, de manera arbitraria, promueven cesáreas no necesarias con un afán de lucro.

—¿Qué cosas suscribiría ahora de la gran transformación? 
Algunos elementos que invariablemente la ciudadanía sigue demandando, a pesar del crecimiento económico sostenido, que ya se está terminando. Servicios públicos de calidad, que se respete nuestra soberanía y una serie de cosas, más allá de cómo se estigmatizaron.

—¿Piensa que la gran transformación fue estigmatizada? 
Sí, ciertamente. Mucha gente especuló y dijo toda clase de cosas sin haber leído el documento, como suele ocurrir en el debate electoral. Se especula mucho sobre lo que piensan y ofrecen los candidatos.

—¿Cree que debe haber una nueva Constitución? 
Nuestro país merece dejar atrás una Constitución que fue fruto de una dictadura. Después de 15 años de transición democrática, es tiempo de tener una Constitución que sea fruto del consenso. Para romper la lógica de impunidad, es necesario un nuevo pacto social.

—¿Debemos volver a la Constitución de 1979? 
Estamos en el 2015, creo que no podemos volver a la del 79. En todos los países las constituciones se renuevan periódicamente en función de la realidad del mercado, de la sociedad. Este país no es el mismo de 1979 ni de 1993.

—Usted ha planteado un proyecto de ley de ordenamiento territorial para establecer qué actividad económica va en cada región. 
Esto consiste en promover el diálogo y la concertación entre los distintos actores para, a través de la identificación de las potencialidades del territorio, decidir qué actividad conviene promover en determinado territorio. Dónde agricultura, dónde minería, dónde turismo, dónde conservación territorial.

—Usted ha dicho que no cree en la mano invisible del mercado. ¿En qué cree? 
Tiene que ver con ejemplos concretos: es conocido que en algunas clínicas privadas se hace uso y abuso de las cesáreas solo por afán de lucro. Si dejas todo al libre albedrío del sector empresarial, sin un Estado que vigile, que fiscalice, puede ocurrir este tipo de abusos. Algunas farmacias vendían medicamentos a precios estratosféricos, que no tenían ningún sustento técnico o económico. Intervino Susalud y se logró que se redujeran los precios.

—¿Usted cree en el control de precios? 
Nuestra Constitución establece que no puede haber monopolios. ¿Pero cómo se impide la concertación de precios? Para garantizar la competencia, debe haber un Estado que fiscalice. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a dejar pasarlas cosas. Lo mismo sucede con la policía, con el Poder Judicial. Felizmente, hay espacios donde esta lógica se está rompiendo, como la fiscalía...

—No me respondió si cree o no en el control de precios. 
Te voy a poner un ejemplo concreto: creo que Petro-Perú, siendo el energético un sector estratégico, sí debiera participar en la explotación del lote 192, en alianza con algún socio privado. Esto le permitiría a Petro-Perú participar desde la extracción hasta la comercialización, y ofrecer un combustible más barato, lo que permitiría abaratar el combustible.

—¿No iría ello en contra del rol subsidiario del Estado, que está en la Constitución? 
Eso es algo que se debería debatir poniendo por delante los intereses de los ciudadanos.

—Empresas públicas, como en el primer gobierno aprista... 
Hay que evitar el uso político de las empresas públicas. Tampoco es que haya miles en el país. Tampoco estamos proponiendo que se creen nuevas.

—¿Y qué opina de lo que sucede con Petrobras en Brasil? 
Cosa distinta es el problema de la corrupción, que se da en el sector público como en el sector privado y debe combatirse venga de donde venga.

—¿Venezuela es una democracia o una dictadura? 
Lo que te puedo decir es que se han dado procesos electorales democráticos, avalados por entidades internacionales. Me preocupa más que aquí en mi país pretendan robarnos la memoria y hacernos creer que la década de los 90 fue una democracia, cuando claramente hubo una dictadura. Esa dictadura es la que más me preocupa.

—Si la del 90 fue una dictadura corrupta, también hubo procesos electorales... 
¿Acaso no hubo tanques en el Congreso? ¿Acaso no se compraron medios de comunicación? ¿No se intervino el Poder Judicial? Esos no son mecanismos democráticos.

—Exacto, ¿y no cree que eso es lo que sucede en Venezuela? 
Mira, yo no creo que el eje del debate electoral deba ser lo que pasa en Venezuela. Por lo que deben pronunciarse los candidatos es por lo que pasa en el país, por la persecución de los líderes wampis o los narcoindultos. No lo que pasa fuera, sino lo que pasa en nuestro país.

—Hablando sobre lo que pasa en nuestro país, ¿cómo ve el caso de Gregorio Santos? 
Yo creo que la corrupción, venga de donde venga, debe investigarse, y quien resulte responsable debe ser sancionado. En este caso, ya se está alargando el proceso. Cualquier ciudadano tiene derecho a que los plazos sean rápidos y ágiles.

—¿Hubo corrupción en el Gobierno Regional de Cajamarca? 
No lo sé. Eso lo está investigando el Ministerio Público y es, en última instancia, el Poder Judicial el que lo determinará.

—Los narcoindultos están en juicio oral. Sin embargo, yo la escucho ser mucho más contundente en un caso… 
Lo que pasa es que en el caso de los narcoindultos el señor Alan García dijo que [Miguel] Facundo Chinguel era de su confianza absoluta, y que él mismo había revisado cada uno de los casos de indulto.

—En el caso de Gregorio Santos, hay audios, vouchers, anotaciones de puño y letra. Por eso le vuelvo a preguntar… 
Ya te respondí: a todos con la misma vara. Venga de donde venga. Más allá de su procedencia ideológica.

—En un eventual gobierno suyo, ¿quién sería su ministro de Economía? 
Es muy pronto para eso, pero sí te puedo decir que no podemos seguir teniendo ministros de Economía que no conocen el país, que no son capaces de darse un salto a la sierra, a la selva, que no reciben a las autoridades regionales o locales.

—Yehude Simon dice que el Frente Amplio lo vetó por haber sido primer ministro cuando sucedió el ‘baguazo’. 
Hay una trayectoria sinuosa que genera dudas. Y eso es algo que se resuelve en procesos democráticos.

—¿Las parejas homosexuales deberían poder adoptar? 
Si es que eso garantiza las mejores condiciones materiales y, sobre todo, emocionales y afectivas, sí. El debate no puede centrarse en la orientación sexual de las personas.

—¿El aborto debería despenalizarse para toda situación? 
Toda mujer tiene derecho a decidir sobre su vida y su cuerpo. Hay que confiar en el criterio, responsabilidad y libertad de conciencia de la mujer. No somos ciudadanas de segunda categoría. No somos objetos sexuales. No somos úteros andantes.

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.@Vero_Mendoza_F: "Mis principios están firmes; si no, hubiera seguido en oficialismo" ► http://t.co/KR0fSwyQaR pic.twitter.com/XPs1rvA8y6— Política El Comercio (@Politica_ECpe) agosto 20, 2015