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“Existen 326 condenados por terrorismo que están trabajando en el sector público”

El parlamentario aprista Javier Velásquez Quesquén explicó su proyecto de ley que busca que terroristas cancelen su reparación civil y que no ingresen a la administración pública

Javier Velásquez Quesquén

“No les negamos el derecho de trabajar pero el Estado sí se reserva el derecho de impedir eso. Menos enseñando en las aulas a los alumnos”, dijo Javier Velásquez Quesquén. (Foto: Congreso de la República)

Congreso de la República

El legislador Javier Velásquez Quesquén (Célula Parlamentaria Aprista) aseguró que actualmente laboran para el Estado más de 300 condenados por terrorismo. Remarcó que ha presentado un proyecto de ley que busca poner “medidas limitativas” para el ingreso de subversivos sentenciados a la administración pública.

“El despacho ha preparado proyecto integral para que todos los condenados por terrorismo se le expongan medidas limitativas orientadas a defender los valores democráticos [...] Al interior del país y gobiernos regionales existen 326 condenados por terrorismo que están trabajando en el sector público”, dijo Javier Velásquez Quesquén al diario "Correo". 

Se trata del proyecto de ley N° 1969/2017-CR, el cual “establece medidas restrictivas a personas que han cumplido condena por el delito de terrorismo, en defensa de la democracia”.

Precisamente, en su artículo 2, la propuesta de ley refiere que las personas sentencias por terrorismo están prohibidas de “ser contratadas en la administración pública, bajo cualquier modalidad” y también ser proveedores, participantes, postores o contratistas con el Estado.

Según subrayó el parlamentario Velásquez Quesquén, no se busca negar el derecho a trabajar de los sentenciados por corrupción pero que el Estado sí se reserva ese derecho.

“No les negamos el derecho de trabajar pero el Estado sí se reserva el derecho de impedir eso. Menos enseñando en las aulas a los alumnos. Creo que se tiene que tomar en serio medidas”, aseveró Velásquez Quesquén.

Cabe señalar que en el proyecto de ley también detalla que las reparaciones civiles impuestas a los sentenciados por terrorismo “se mantenga vigente hasta su cancelación total”, es decir, se busca la imprescriptibilidad de la deuda.

Además, también se busca impedir que los subversivos con sentencia firme accedan a los programas sociales que impulsa el gobierno.

Para revisar el proyecto de ley haz click aquí.

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