La fiscal titular contra el crimen organizado del Callao, Rocío Sánchez Saavedra, es una de las dos fiscales que dieron inicio a las investigaciones contra Los Cuellos Blancos del Puerto. En entrevista con El Comercio, sostuvo que la decisión del Congreso de la República, a través de la Comisión Permanente, de no acusar constitucionalmente al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y al fiscal supremo Tomás Gálvez, era de esperarse. Por ello, anunció que trabajan para presentar nuevos hechos contra ambos fiscales supremos que acreditarían su participación en la mencionada organización criminal.
-¿Cómo toman ustedes la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de rechazar la destitución y la investigación por organización criminal de los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez, involucrados en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto?
Era algo que ya habíamos previsto. Era una gran probabilidad que el Congreso diera la espalda a la investigación porque ellos tienen también el interés en mantener a su fiscal. La tesis fiscal continúa, nosotros ya tenemos una nueva estrategia.
-¿Cuál es esta nueva estrategia?
Vamos a presentar el informe correspondiente para que se emita una nueva acusación constitucional contra ellos con mayores elementos, o como lo que se conoce como pruebas nuevas, para que el Congreso pueda nuevamente evaluarlo.
¿Eso quiere decir que desde que se inició la investigación a la fecha ustedes han encontrado nuevos elementos de la presunta participación de Chavarry y Gálvez en Los Cuellos Blancos?
En la investigación, lo relevante es que la información de la participación de estas personas brota de los cuadernos de la colaboración eficaz. Y estos cuadernos están avanzándose y tienen elementos de corroboración.
¿Cómo se les ha vinculado con estas nuevas pruebas?
Hay que aclarar que lo importante es que no busquemos pruebas directas porque no existen pruebas directas en casos tan delicados como lo son las organizaciones criminales o delitos clandestinos. Lo que tenemos - y ya está claro para la hipótesis de la fiscalía- es cuál era la organización, la estructura, la finalidad y cuáles eran las funciones propias que iba a desempeñar cada uno de sus integrantes.
¿De qué manera se dibuja esta organización criminal en el caso de los señores Chavarry, Gálvez o de los altos funcionarios?
No se define como una organización vertical, como algunos dicen que no hay organización porque no hay un líder o no hay un segundo al mando. No es un tipo de organización tradicional. Aquí se trata de redes de corrupción, como lo ha establecido ya el doctor Pablo Sánchez, en su disposición de inclusión del señor Tomás Gálvez como integrante de la organización. Allí precisa cómo son estos nódulos donde varias personas guardan ciertos intereses y están dentro de esta red de corrupción, redes que estaban en proceso de expansión.
¿Y cómo se demuestra que estas redes llegaron hasta los fiscales supremos?
La finalidad clara de esa organización; y lo dicen varias personas y testigos, es que tenían la necesidad de que se nombren jueces y fiscales titulares a través del [ex] Consejo Nacional de la Magistratura [CNM] a nivel nacional. Y la actuación del [ex] fiscal de la Nación [Pedro Chávarry] surge cuando, en mayo se dan cuenta o les informan que nuestra investigación está en curso y ante el audio concreto de Walter Ríos donde le solicita ‘10 verdecitos’, se configura ya la solicitud de un dinero que es claramente un hecho delictivo. Entonces ante ese audio, que es el que más les preocupa, tratan de buscar la forma cómo evitar la investigación y allí surge la participación del señor (Víctor) Rodríguez Monteza y del señor Chávarry.
¿Actuaron en contubernio?
(Víctor) Rodríguez iba a investigar al (ex) presidente a Ríos en su calidad de presidente de corte o juez superior, y el informe lo elevaría al recientemente designado fiscal de la Nación [Chávarry], por eso hicieron todo un programa desde mayo [del 2018] para que él fuera elegido como fiscal de la Nación. No obstante el cuestionamiento [en su contra], no solo de su ratificación automática; sino desde su nombramiento y eso está dentro de las carpetas de investigación.
Tomás Gálvez dijo, en su presentación ante el Congreso, que algunos testigos o colaboradores estaban siendo manipulados para incriminarlos ¿Cómo responde a esto?
¿Manipulados? Bueno, cada quien juzga cómo procede, creo yo. Él mismo ha sido y de manera voluntaria una de las primeras personas que se presentó ante las fiscalías de crimen organizado para presentar su testimonio como testigo protegido y que posteriormente él mismo se desprotege cuando dice que había brindado declaraciones. Entonces, él sabe muy bien de qué manera se le reciben las declaraciones o la información, no creo que se haya sentido manipulado con la información que él mismo ha proporcionado. Y el mismo procedimiento con él, es con las mismas personas que se acercan voluntariamente a dar información y pedir protección. Pero yo descarto que se manipulen las declaraciones pues se realizan en presencia de sus abogados.
¿Es perjudicial para investigación que el Congreso haya ejercido esta suerte de blindaje para los fiscales Chávarry y Gálvez?
Lo que han hecho es demorar el trámite. El Congreso no investiga, lo que hace es un requisito de procedibilidad, es decir, levanta el fuero para que se inicie las investigaciones a través del Ministerio Público. Yo entiendo que solo han retrasado el plazo, pero ante las evidencias de los hechos nuevos, el Ministerio Público formulará la denuncia constitucional correspondiente.
Pero algunos casos que se investigan en la fiscalía ya fueron archivadas en el Congreso...
Tengamos en cuenta que las denuncias que se han visto son las que han realizado personas externas y de algunos congresistas, pero no es la denuncia del Ministerio Público o de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que acreditan la existencia de una organización criminal.
Entonces, teniendo en cuenta que son ustedes las que tienen inicialmente los documentos del caso Los Cuellos Blancos del Puerto, ¿Se puede acreditar la existencia de una organización criminal?
La organización criminal estuvo en funcionamiento desde el 2015 en adelante. Inicia en la Corte del Callao, llega a la Corte Suprema a través del ex juez supremo César Hinostroza, se desplaza por intereses hasta el Consejo Nacional de la Magistratura, llega al Ministerio Público y camina incluso con vínculos políticos. ¿Por qué todo el círculo? Porque la investigación contra altos funcionarios los realiza la instancia de fiscalía suprema. Entonces, necesitaban un fiscal afín, porque ellos no protegen a la gente de abajo, porque a ellos no les interesaban los procesos comunes; ellos apuntaban a manejar los expedientes para blindar a otras organizaciones.