Pedro Castillo y su entorno acumulan al menos 13 investigaciones fiscales | INFORME

La fiscalía anticorrupción inició el 4 de julio una investigación preliminar a Yenifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo, por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias. Con ella, son ya al menos 13 las personas del entorno del mandatario con expedientes fiscales.

En este contexto, el presidente Castillo presentó ante el Congreso el proyecto de ley mordaza, que criminaliza la difusión de información reservada de las investigaciones fiscales y que generado el rechazo de distintos sectores y la alerta por el atentado contra la libertad de información que implica.

El 1 de junio, tras conocerse la decisión de la fiscalía de la Nación de investigar en funciones al presidente Castillo publicamos el siguiente informe sobre las investigaciones al mandatario y a su entorno:

Pedro Castillo es el primer presidente de la República en funciones investigado por el Ministerio Público en relación con presuntos hechos cometidos durante su gestión. La decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se sustenta en informes remitidos por la Fiscalías Anticorrupción y la Fiscalía contra el Lavado de Activos e incluye al mandatario en un caso en el que ya figuraba su exministro Juan Silva.

El caso de Pedro Castillo no es el único que, en poco más de 10 meses, involucra a personas ligadas al Ejecutivo. Exministros, funcionarios que pasaron y que continúan en Palacio de Gobierno, familiares del presidente y el líder del Perú Libre, Vladimir Cerrón, están inmersos en al menos doce investigaciones -en distintos subsistemas y niveles del Ministerio Público- relacionadas al mandatario, a su gestión o a su campaña.

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Estos casos son -salvo por el que incluye a la vicepresidenta Dina Boluarte- distintos a las investigaciones declaradas por seis ministros en sus hojas de vida. También son diferentes a las múltiples indagaciones y procesos que tiene Vladimir Cerrón por su gestión como gobernador regional de Junín, además de otra por presuntos vínculos terroristas. Tampoco se incluyen los procesos de acusación constitucional en trámite en el Congreso.

Hace poco más de un mes, el fiscal de la Nación informó sobre la inclusión del presidente Pedro Castillo en una investigación por los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias agravado. Además, se ordenó recoger su declaración como investigado.

En la hipótesis fiscal, el presidente es considerado como presunto líder una organización criminal integrada también por su exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva, funcionarios de Provias Descentralizado, empresarios y otros terceros interesados. Su objetivo habría sido favorecer a empresas que apoyaron al presidente durante su campaña y también habría intentado copar puestos en el MTC.

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En la disposición del fiscal de la Nación, se señala que un colaborador eficaz refirió que, entre agosto y setiembre del año pasado, el investigado empresario Zamir Villaverde le habría entregado S/30 mil al presidente por intermedio del entonces titular del MTC. El dinero -según el documento- habría sido “en el contexto en el que se habrían dado nombramientos de funcionarios” en ese sector.

La defensa del presidente niega estas imputaciones y ha solicitud la nulidad de la decisión fiscal. En tanto, este jueves el Poder Judicial evaluará un pedido de impedimento de salida del país contra otros altos funcionarios incluidos en este caso: Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular conocido como ‘Los Niños’. Para el primero se piden 36 meses; para el resto, 9 meses.

Buena parte de las imputaciones que hoy alcanzan al presidente Pedro Castillo tienen su origen en el Caso Puente Tarata. A fines del año pasado, luego de un informe de El Comercio, la fiscal provincial anticorrupción Karla Zecenarro inició una investigación sobre la licitación de la obra del puente vehicular sobre el Río Huallaga, en San Martín, otorgada por Provías Descentralizado al Consorcio Puente Tarata III.

En la publicación de El Comercio se puso el foco sobre Karelim López, quien estaba vinculada al consorcio y que visitó Palacio de Gobierno días antes de que este ganara la concesión. La investigación fiscal incluyó inicialmente a ella y a Bruno Pacheco, quien por esos días había renunciado al cargo de secretario general de Palacio de Gobierno.

A medida que avanzó la indagación preliminar, el caso se amplió para incluir al empresario Zamir Villaverde como un presunto operador del presidente Pedro Castillo y a dos de sus sobrinos, Fray Vásquez y Gian Marco Castillo. En marzo, se ordenó la detención preliminar de estos tres y Bruno Pacheco, para quienes luego se pidió y se obtuvo prisión preventiva.

En las audiencias de prisión preventiva, la fiscal indicó que la hipótesis con la que trabajaba –en base a la declaración que dio Karelim López- era la de una presunta organización criminal dedicada al copamiento del MTC y al direccionamiento de licitaciones, la cual tenía a Pedro Castillo a la cabeza. Sin embargo, al ser fiscal provincial no podía investigar al presidente, por lo que envió un informe sobre estos hechos al fiscal de la Nación.

En diciembre del 2021, la fiscal provincial contra el lavado de activos Luz Taquire inició una investigación preliminar por presunto lavado de activos que involucraba las empresas relacionada a la familia Pasapera. Una de las investigadas era Karelim López, cuyo nombre ya comenzaba a figurar por ser investigaba en el Caso Puente Tarata y por haber sido grabada ingresando a la casa del Jirón Sarratea donde el presidente sostenía reuniones fuera de Palacio de Gobierno.

En febrero de este año, López decidió acogerse a un proceso de colaboración eficaz con la fiscal Taquire. Allí relató que el presidente Pedro Castillo era parte de una mafia en el MTC -versión que luego sería reafirmada en su declaración por el Caso Puente Tarata- que involucraba también a Juan Silva, a los sobrinos del presidente y a Zamir Villaverde.

A partir de esto, Taquire incluyó en su investigación por lavado de activos a Zamir Villaverde y a Fray Vásquez Castillo. En paralelo, inició diversas diligencias de corroboración de las declaraciones de Karelim López, tales como tomar declaraciones de la primera dama Lilia Paredes –quien se negó a hablar- y al primer ministro Aníbal Torres.

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Taquire envió en febrero un primer informe sobre estos hechos a la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien no se pronunció al respecto. Semanas antes, Ávalos había decidido iniciar dos investigaciones a Pedro Castillo por otros casos, pero también dispuso suspenderlas hasta que termine su mandato. En abril, Taquire envió otro informe al actual fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, quien sí lo tomó en cuenta para iniciar su actual investigación contra el jefe de Estado.

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Si bien no está relacionada con su gestión como presidente, la fiscalía también investiga directamente a Pedro Castillo y a su esposa, Lilia Paredes, por el presunto plagio en su tesis de maestría. Los presuntos delitos indagados por el fiscal provincial de Tacabamba Juan Ramón Tantaleán son plagio agravado, falsedad genérica y cobro indebido.

La tesis conjunta figura como presentada en el 2012 en la filial de Tacabamba (Cajamarca) de la Universidad César Vallejo. La casa de estudios concluyó que la tesis tiene un 43% de similitudes con otros trabajos, pero que mantiene su aporte de originalidad. De acuerdo con expertos consultados por El Comercio, esas ‘similitudes’ no son más que la confirmación de un plagio.

En tanto, Karelim López también se refirió a la tesis del presidente. Según dijo en su proceso de colaboración eficaz, esta habría sido tramitada por Bruno Pacheco y sería parte de un supuesto acuerdo entre Pedro Castillo y César Acuña, líder de Alianza Para el Progreso y fundador de la Universidad César Vallejo. Acuña y su partido han negado esta versión. No obstante, la fiscal Taquire accedió a la tesis como parte de sus diligencias de corroboración.

Como parte del mencionado proceso de corroboración, la fiscal Taquire citó a declarar a la primera dama Lilia Paredes. La esposa del presidente acudió a despacho fiscal el 13 de mayo; pero su defensa aseguró que no iba a declarar por ser esposa del mandatario, alegando el derecho a guardar silencio antes incluso de escuchar las preguntas

Para la fiscal, esto constituyó el delito de negativa a colaborar con la administración de justicia, por lo que ese mismo día procedió a denunciarla ante una fiscalía penal. Días después, según informó este Diario, la Quinta Fiscalía Penal de Lima Centro dispuso abrir una investigación preliminar a Lilia Paredes por este hecho. El plazo inicial de las pesquisas es de 60 días.

A nivel de la Fiscalía de la Nación también se indagan presuntas irregularidades ligadas al Ejecutivo en relación con los ascensos tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía. El caso surgió cuando generales pasados el retiro hicieron denuncias en medios de comunicación y ante el Congreso. Inicialmente, se abrió investigación al exministro de Defensa Walter Ayala y a Bruno Pacheco por presunto abuso de autoridad y patrocinio ilegal.

En enero, Zoraida Ávalos decidió abrir investigación también a Pedro Castillo por este caso, pero optó por suspenderla. Lo mismo hizo con el ya mencionado Caso Provías antes de conocerse la declaración de Karelim López. En febrero, el caso se amplió para incluir los ascensos en la PNP. Allí se incluyó también a Bruno Pacheco por presunto tráfico de influencias.

La fiscalía anticorrupción también indaga presuntas irregularidades en una licitación otorgada por Petro-Perú a la empresa HPO en octubre del 2021. Esta ocurrió luego de que el entonces gerente general de Petro-Perú, Hugo Chávez, el empresario ganador de la licitación, Samir Abudayeh, y Karelim López tuvieron ingresos coincidentes a Palacio de Gobierno para reunirse con Pedro castillo.

Los implicados negaron haberse reunido juntos con el presidente. Sin embargo, se abrió una indagación preliminar contra ellos por el presunto delito de colusión. Como parte de las pesquisas, un juez ordenó impedimento de salida del país. Por este caso, Ávalos también dispuso abrir indagación a Pedro Castillo, pero suspenderla mientras siga como jefe de Estado.

En este caso se investigan, bajo el presunto delito de tráfico de influencias, supuestas presiones del Bruno Pacheco al jefe de la Sunat, a partir de chats publicados en la prensa entre ambos.

Fue por este caso, hoy está en etapa de investigación preparatoria, que la fiscalía entró por primera vez a Palacio de Gobierno y halló 20 mil dólares en el despacho del entonces secretario general. Al hoy prófugo por el caso Puente Tarata también se le dictó un impedimento de salida del país por esta investigación.

Se trata de un caso que surgió antes del gobierno, pero que tiene vínculos con la campaña de Perú Libre que llevó a Pedro Castillo a la presidencia. La Fiscalía anticorrupción investiga una supuesta mafia encabezada por Vladimir Cerrón, líder del partido, que supuestamente traficaba licencias de conducir en la Dirección de Transportes de Junín y cobraba dinero a allegados a la agrupación cuya contratación se direccionaba en ese sector.

La tesis fiscal es que ese dinero se habría usado para solventar gastos de Vladimir Cerrón relacionados a sus procesos judicial, así como las campañas el partido del lápiz. Personas allegadas a Cerrón, como Arturo Cárdenas ‘Pinturita’, hoy cumplen prisión preventiva por este caso tras permanecer prófugos por varios meses durante el gobierno de Pedro Castillo.

En un caso relacionado pero independiente, la Fiscalía Contra el Lavado indaga el presunto blanqueo de dinero proveniente de presuntos actos de corrupción como los de ‘Los Dinámicos del Centro’. La hipótesis es que se habría usado ese dinero en las campañas de Perú Libre y en gastos de Vladimir Cerrón para darles apariencia de legalidad. En este caso está incluida también la vicepresidenta Dina Boluarte.

A inicios de este año, exministros como Mirtha Vásquez y Avelino Guillén hablaron sobre la existencia de ‘asesores en la sombra’ alrededor del presidente Pedro Castillo. El exsecretario del Despacho Presidencial Carlos Jaico se refirió a ellos como un ‘gabinete en la sombra’. La Fiscalía Contra el Crimen Organizado dispuso iniciar una indagación por este caso a una serie de funcionarios de Palacio de Gobierno, entre ellos Biberto Castillo y Beder Camacho, subsecretario del Despacho Presidencial.

Este lunes, un equipó de la Fiscalía Anticorrupción ingresó nuevamente a Palacio de Gobierno. Según detallaron fuentes de El Comercio, fue como parte de una investigación por presunta negociación incompatible relacionada a contrataciones en el Despacho Presidencial que no cumplirían los requisitos para sus cargos.

La investigación se inició contra Franco Pomalaya (exasesor de prensa) y José Cristóbal Quispe (de la Subsecretaría General del Despacho Presidencial), además de Andrés Calle Mezares, Analí Carrión Díaz y Gian Baca Gonzáles.