Alto rechazo al proyecto de ley mordaza: ¿Cuáles son los peligros para la libertad de prensa?

Dos semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara el proyecto de ley N°2508-2021-PE, que propone penalizar la difusión de información reservada vinculada a una investigación penal, el gobierno remitió ayer el texto al Congreso para su debate. El documento lleva las firmas del presidente Pedro Castillo y del jefe del Gabinete, Aníbal Torres.

En la iniciativa, a la que tuvo acceso El Comercio, el Ejecutivo plantea que se incorpore el artículo 409 C al Código Penal, a través del cual se establecen tres tipos de sanciones. Por ejemplo, entre uno y dos años de prisión para “el agraviado, imputado, abogado o cualquiera de las partes comprendidas” en una pesquisa que “proporcione o difunda” información reservada del proceso.

La pena aumenta a entre dos y tres años de cárcel, si la conducta descrita es realizada por un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo, o un policía.

Y cuando la información es transmitida en los medios de comunicación u otras plataformas de “difusión masiva”, el castigo será hasta los cuatro años de pena privativa de la libertad.

El gobierno- en la descripción del problema del proyecto de ley mordaza- cuestiona que los medios de comunicación generen “una corriente de opinión muy apartada de los estándares jurídicos mínimos, al difundir información relativa a la investigación penal, configurándose muchas veces escenarios de atribución- a priori- de responsabilidad en contra de personas investigadas”.

Al respecto, Roberto Pereira, abogado experto en libertad de expresión, advirtió que si bien es cierto que los periodistas no han sido mencionados como potenciales autores del delito de difusión de información reservada en la investigación penal, “sin duda pueden ser comprendidos” en un proceso “en calidad de cómplices e instigadores, en virtud de las reglas generales reguladas” en el Código Penal.

En comunicación con El Comercio, Pereira indicó que el proyecto de ley mordaza “criminaliza la difusión” y para que esta se dé se requiere de la participación de un medio de comunicación.

“[Esta iniciativa] afecta [a la libertad de información], porque lo que produce es un efecto de autocensura, es una amenaza penal para que la prensa no difunda este tipo de información”, manifestó.

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El riesgo de criminalizar el periodismo

Una postura similar tuvo el abogado penalista Rafael Chanján, quien consideró que sí esta propuesta es aprobada en el Parlamento, existe un riesgo concreto de que “se pueda criminalizar” la labor profesional del periodismo.

“Tal y como está redactado el proyecto no elimina para nada que un fiscal pueda considerar como cómplice a un periodista cuando este difunde una investigación penal. La norma se aplica en función al criterio que tenga el fiscal y el juez en un caso concreto, más allá del discurso político detrás de la norma”, remarcó a este Diario.

Incluso, Chanján refirió que cualquier magistrado podría dictar prisión efectiva a los hombres y mujeres de prensa, bajo el amparo de este proyecto de ley mordaza. “Es el juez, en cada caso, el que decide si suspende o no la pena, pero ha habido casos en que penas menores a cuatro años han sido efectivas, recordemos el caso de Magaly Medina”, subrayó.

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El profesor de Derecho de la PUCP, además, indicó que el proyecto de ley del Ejecutivo es “abiertamente inconstitucional” y “desproporcional”, porque vulnera el derecho a la libertad de información, que está avalado en la Carta Magna. Agregó que el Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias, ha señalado que existe un interés superior de parte del Estado en la lucha contra la corrupción organizada.

“Limitar de esta manera el ejercicio de la labor periodística en casos de corrupción va en contra de este combate [contra ese mal]”, apuntó.

La abogada penalista Romy Chang dijo que es claro que esta propuesta del gobierno tiene como objetivo afectar a la prensa, porque, si es que los periodistas no llegan a ser comprendidos en un proceso penal, sí es probable que estos sean citados “para que les pregunten cuáles son sus fuentes”, lo cual “es absurdo”.

“Hay suspicacia, porque justo el gobierno de Pedro Castillo saca una norma de este tipo en el contexto en que el presidente es investigado”, manifestó.

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El ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado sostuvo que el proyecto- impulsado por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero- tiene como fin “evitar que surja información que agrave” la situación del mandatario en el marco de la investigación que afronta por presunta organización criminal, entre otros delitos.

“Esta propuesta no es para fortalecer el sistema de justicia, de hacer que los fiscales y jueces tengan mayor respeto sobre la reserva del proceso […] Si se aprueba en el Congreso, es la consagración de un ataque a la democracia que deberá ser repelido en el Tribunal Constitucional”, expresó.

Maldonado, además, alertó que los medios de comunicación pueden ser considerados “responsables solidarios”, en caso se encuentre responsabilidad en un fiscal y juez por la difusión de una información reservada.

Demandan al Congreso el archivo

La presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Zuliana Laínez, recordó que el ministro Chero dijo que el proyecto no iba a tener relación con las actividades de la prensa, pero en el documento sí se hace “una mención particular” sobre los medios. Agregó que la iniciativa es una afrenta a la libertad de información.

“Lamentablemente, somos bastante pesimistas con lo que pueda suceder en el Legislativo, ya hace algunos días han puesto en la agenda [del pleno] un proyecto similar, aprobado en la Comisión de Justicia. Este proyecto no se puede analizar como si fuera una isla, hay que analizarlo en el contexto de la investigación fiscal al presidente Castillo”, expresó.

Desde el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), su director ejecutivo, Rodrigo Salazar Zimmermann, refirió que el proyecto de ley mordaza implica “un blindaje” y un intento por poner un manto de sombra respecto a las investigaciones fiscales que afronta el presidente Castillo.

“Sancionar con cuatro años de cárcel la difusión de información de una investigación penal es un despropósito en un entorno democrático. Este gobierno no tiene ningún tipo de legitimidad para proponer un proyecto de este tipo, porque precisamente el mandatario afronta imputaciones por presuntos actos de corrupción”, cuestionó.

Salazar Zimmermann opinó que en la exposición de motivos, el Ejecutivo deja nota “la animadversión” que tiene en contra de los medios de comunicación.

El director del CPP exhortó al Congreso a mandar al archivo no solo este proyecto de ley mordaza, sino también el dictamen aprobado en febrero por la Comisión de Justicia del Parlamento, dirigida por Gladys Echaíz (APP), que sanciona con prisión la difusión de la declaración de un colaborador eficaz.

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El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), a través de un comunicado, indicó que el proyecto de ley mordaza “asume equivocadamente como premisa la reserva absoluta de las investigaciones, y criminaliza la difusión de cualquier tipo de información, excluyendo del debate ciudadano, materias de alto interés público tratándose de investigaciones que comprometen a altos funcionarios del Estado”.

También alertó que, por contexto, la propuesta está “orientada a silenciar la discusión sobre hechos que comprometen” al presidente Castillo y a su círculo cercano.

Tras una nueva sesión del Consejo de Ministros, el jefe del Gabinete negó que el proyecto sea una “mordaza” a la prensa y refirió que la reserva de una investigación penal “protege derechos fundamentales de la persona”.

Torres, incluso, dirigió sus cuestionamientos a la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien se ha pronunciado en contra de la medida.

“He escuchado a la señora fiscal de la Nación decir que la sociedad necesita ser informada cuando, ustedes, los periodistas, le preguntan por el proyecto de ley. Ella, al decir eso, está violando la ley, ahí hay una falta grave, si yo estuviera en la Junta Nacional de Justicia inmediatamente la llamo para que me aclare cómo es eso”, manifestó en conferencia de prensa.

El primer ministro, además, dijo que no cree que la información sobre las investigaciones fiscales “salga gratis”, porque esta “es parcializada”. “Se saca un dato con el cual se pueda atacar a las personas […] No está bien que una persona por el simple hecho de haber sido denunciada, ya la fiscalía saca la información, la prensa, ‘este es un tal por cual’, quién nos subsana después de esto”, finalizó.

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El abogado Alberto Cruces, adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, indicó que la propuesta del Ejecutivo conlleva “un riesgo sobre la libertad de información” y “sobre todo, de la profesión del periodismo”.

“Creemos que posiblemente puede haber otras alternativas para proteger principios como la presunción de inocencia, sin tener que llegar a este punto que tiene un efecto de bola de nieve”, indicó.