Alejandro Toledo enfrenta un pedido de 20 años de condena: así expuso la fiscalía su acusación

El viernes por la mañana, la atención del país estaba fijada en la corte de San Francisco, en California, donde se esperaba la entrega de Alejandro Toledo a las autoridades. Sin embargo, en paralelo, en una corte del Centro de Lima se desarrollaba una audiencia que marcó el inicio del camino del expresidente hacia su juicio en el Perú.

Allí, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, ratificó su pedido de 20 años y 6 meses de condena contra Alejandro Toledo. Es acusado por los delitos de colusión y lavado de activos, vinculados al presunto soborno a cambio de la concesión a Odebrecht de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur durante su gobierno.

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La audiencia marcó el inicio del control de la acusación contra Alejandro Toledo y otros seis acusados por este caso. Por ello, el fiscal expuso ante un juzgado su resumen y su teoría del caso. Al final de esta fase, que podría durar varios meses, será este magistrado quien decidirá si el proceso cumple los requisitos para pasar a juicio oral.

La investigación fiscal a Alejandro Toledo se cerró y la acusación fue presentada en agosto del 2020. El juez a cargo del caso es Richard Concepción Carhuancho, quien en febrero del 2017 dictó la orden de prisión preventiva al expresidente que sigue vigente hasta la fecha y quien programó inicialmente el control de acusación para diciembre de ese año.

Sin embargo, una polémica en torno a la inclusión como investigadas de las socias peruanas de Odebrecht (Graña y Montero, JJ Camet e ICCGSA) dilató el inicio del control de acusación hasta este año. Esto se resolvió cuando, finalmente, la Corte Suprema resolvió dividir el caso en dos carpetas: una que incluye a Alejandro Toledo y las otras personas acusadas, y la otra que incluye a las consorciadas de Odebrecht para la concesión de la obra.

Por colusión, al expresidente se le acusa de haber realizado un pacto ilícito en el 2004 con Odebrecht para favorecerla en la licitación del proyecto a cambio de una coima de US$ 35 millones. Ese acuerdo derivó en acciones atribuidas a su gobienro y al comité de ProInversión a cargo de la desarrollo de la concesión para direciconar la concesión a favor de Odebrecht y sus socias.

En cuanto al lavado de activos, se le atribuye haber fijado una estructura financiera para captar el dinero de Odebrecht a través de empresas de su amigo Josef Maiman, fallecido el 2021.

Según el Ministerio Público, la constructora depositó -entre 2006 y 2010- un total de US$ 30′268, 386 de origen ilícito a empresas de Josef Maiman. Esto para darles apariencia de legalidad y que Toledo sea el beneficiario final del dinero. El dinero, de acuerdo con la fiscalía, salió de la caja 2 de Odebrecht para ser destinado al codinome ‘Oriente’.

También son acusados los exmiembros del comité de ProInversión Sergio Bravo y Javier Pasco-Font; el exjefe de seguridad de Toledo, Avraham Dan On; y Fernando Camet, José Castillo y Gonzalo Ferraro como representantes de las socias peruanas de Odebrecht.

En tanto, la procuraduría ad hoc del caso Lava Jato requirió que los acusados paguen una reparación civil de S/ 1,833 millones de soles y 463 millones de dólares.

Las audiencias de control de acusación de este caso seguirán este lunes con el inicio de la etapa de control formal. Allí el juez atenderá las observaciones que puedan hacer las defensas sobre errores materiales en el documento fiscal, lo que podría derivar –de ser necesaria- en que se le pida al Ministerio Público corregirlo.

Luego vendrá el control sustancial, donde el juez resolverá los pedidos que puedan presentar las defensas para archivar las acusaciones. Si se superan ambas etapas, el caso deberá pasar a juicio y solo quedaría que el magistrado determine qué pruebas aportadas por la fiscalía y los acusados serán usadas en esa etapa.

Todo ello se vería reflejado en un documento llamado ‘auto de enjuiciamiento’, el cual ordena formalmente que la acusación sea vista en juicio. Recién allí, el Poder Judicial deberá designar a un tribunal que juzgará y finalmente determinará si Alejandro Toledo y sus coacusados son culpables

Tras la audiencia, ante una consulta de El Comercio, José Domingo Pérez recordó que esta acusación se presentó hace más de dos años y medio, pero que la “actuación dilatoria” de las defensas llevó a que el control de acusación recién puede desarrollarse ahora

En esa línea, indicó que espera que “en este año ya se pueda estar encausando el juzgamiento” a Alejandro Toledo. Sin embargo, remarcó que la eventual fecha del inicio del juicio “va a depender del Poder Judicial”.

“Va a depender de que haya la disposición para que los jueces puedan llevar las audiencias de la manera más célere, pero eso ya es una competencia que corresponde el Poder Judicial”, manifestó.