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RODRIGO CRUZ @rcruza
Una denuncia por peculado y colusión contra el hoy suspendido presidente regional de Áncash, César Álvarez, podría ser archivada en los próximos días por el Poder Judicial. El caso: la compra de 79 ambulancias durante su gestión a un precio sobrevalorado.
El juez de Huaraz David Ramos Muñante dictó en diciembre último que “no hay lugar para abrir una instrucción” contra Álvarez Aguilar, hoy recluido en el penal de Piedras Gordas I, y otros seis funcionarios del Gobierno Regional de Áncash.
Sin embargo, el pasado 15 de mayo, la jueza Vilma Salazar Apaza, del Primer Juzgado Penal de Huaraz, tomando en cuenta la implementación del nuevo Código Procesal Penal, determinó que este caso sea elevado a consulta a la Sala Superior Penal de Áncash, a fin de que sea resuelto por esa instancia.
Al respecto, el congresista Modesto Julca indicó que el juez Ramos está tratando de archivar "irregularmente este caso". Por ello, exhortó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) para que investigue de inmediato a este magistrado.
"La OCMA tiene que esclarecer el motivo por el cual se está intentado archivar un proceso tan emblemático como este", agregó el parlamentario de la bancada de Perú Posible.
PERITAJE LO CONFIRMA
En el 2010, el perito Luis Méndez La Torre, de la Contraloría General de la República, determinó que la gestión de Álvarez compró estos 79 vehículos a un precio sobrevalorado. Indicó que se pagó S/. 214.600 por cada ambulancia cuando su precio real era de S/. 195.00.
El fiscal anticorrupción José Luis Checa Matos denunció este hecho en abril del 2010. Sindicó a Álvarez y otros trece funcionarios del presunto delito de peculado y colusión.
