Consejo Consultivo de la JNJ deberá contribuir con propuestas para coadyuvar en el proceso de institucionalidad de la Junta. (Foto: JNJ)
Consejo Consultivo de la JNJ deberá contribuir con propuestas para coadyuvar en el proceso de institucionalidad de la Junta. (Foto: JNJ)
Redacción EC

A fin de garantizar su autonomía e imparcialidad y el cumplimiento de sus funciones, la anunció la creación de su consejo consultivo, integrado por nueve miembros.

Según detalló en la , dicho consejo consultivo está integrado “por personas de reconocida trayectoria académica, profesional y que están relacionadas con la temática del sistema de justicia”.

Los integrantes del nuevo Consejo Consultivo de la Junta Nacional de Justicia son: Diego García-Sayán, Jaime Luis de Althaus Guarderas, Javier de Belaunde López de Romaña, Gonzalo García Núñez y Víctor Oscar Shiyin García Toma.

Asimismo, Gorki Gonzales Mantilla, Martha Beatriz Merino Lucero, Violeta Bermúdez Valdivia y Gladys Margot Echaiz Ramos.

La finalidad de este consejo consultivo es “contribuir con sus propuestas a que este primer colegiado de la JNJ cumpla con las aspiraciones de la ciudadanía de una justicia eficaz, oportuna, confiable, transparente, eficiente e incorruptible”.

Del mismo modo, “tiene por objeto deliberar, analizar y proponer medidas y recomendaciones para coadyuvar en el proceso de institucionalidad de la Junta Nacional de Justicia a fin de garantizar su autonomía e imparcialidad y el cumplimiento de sus funciones”.

La resolución también detalla que la participación de los miembros del consejo es ad honorem y este podrá invitar a sus sesiones a expertos nacionales e internacionales y/o representantes de instituciones especializadas en la materia.

Finalmente, el consejo consultivo presentará al pleno de la JNJ los informes con las recomendaciones y propuestas que considere pertinentes, orientados al cumplimiento de sus funciones y en la periodicidad que estime necesaria.

Cabe recordar que la JNJ publicó su Reglamento de Procedimientos Disciplinarios que se empleará contra aquellos jueces y fiscales que sean cuestionados y comentan faltas que ameriten sanciones como la destitución, remoción o suspensión.

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